Las temáticas conexas de la violencia,
del crimen organizado, de las pandillas de los grupos delincuentes y
de la inseguridad son centrales para entender las dinámicas de las
sociedades latinoamericanas. Latinoamérica es una de las regiones
más desigual y violenta del mundo. La tasa de muertes violentas y la
tasa de homicidios cometidos por arma de fuego, siguen siendo unas de
las más altas del mundo. De manera diaria, la violencia, que sea
política o de carácter contestatario, pone en tela de juicio a la
institucionalidad pública y debilita sumamente al Estado. En ciertos
países, como El Salvador, Guatemala, México, Honduras, Brasil y
Colombia, la violencia es el factor principal de deslegitimación de
las instituciones.
Violencia estructural,
por ejemplo, consiste en agredir a una agrupación colectiva desde la
misma estructura política o económica. Así, se consideran casos de
violencia estructural aquellos en los que el sistema causa hambre,
miseria, enfermedad o incluso muerte a la población. Serían, en
definitiva, aquellos sistemas que no aportan las necesidades básicas
a su población por la misma formación. Si nos remitimos a la
definición de violencia como la aplicación de métodos fuera de lo
natural a personas o cosas para vencer su resistencia, llevaría a
hablar de abuso de autoridad en el que alguien cree tener poder por
sobre otro. Generalmente se da en las relaciones asimétricas, el
hombre por sobre la mujer o el padre por sobre el hijo, para ejercer
el control.
La idea de violencia estructural se gestó
poco a poco, ante la necesidad de explicar las interacciones de las
prácticas violentas en los diversos ámbitos sociales. Tal vez se
pueda encontrar un significativo precedente en las explicaciones que
los teóricos marxistas daban a la explotación y la marginación de
los trabajadores, aunque al dar demasiada importancia a las
condiciones económicas dejaron de lado otras explicaciones. Otro
precedente más cercano está en los años sesenta cuando Martin
Luther King, (filosofía de la
no-violencia)
líder de los negros norteamericanos en su lucha contra el racismo,
contribuyó a entrever causas más profundas de la marginación en
algunos de sus escritos y alocuciones (Bautista: 2004)
La violencia, como muchos de los sistemas
humanos, ha alcanzado dentro de la globalización
un grado de complejidad, donde
las relaciones que se establecen entre unas y otras formas de la
misma son, en parte, determinantes en sí mismas y por tanto, dando
otra vuelta de tuerca, las verdaderas razones no son las aparentes
sino otras profundas que se sustentan y retroalimentan entre sí.
En este contexto de violencia y de
inseguridad crónica, en muchos países de la región, la temática
de la seguridad se ha vuelto la prioridad principal entre las
demandas sociales de la gente. En tiempo de elecciones, los
candidatos evocan en prioridad a las temáticas de seguridad y de
convivencia ciudadana en sus programas políticos, para poder
corresponder con las exigencias de la gente. Así, las políticas de
varios gobiernos latinoamericanos buscaron últimamente implementar
políticas de seguridad que no solo administren el problema, sino lo
resuelvan.
Por medio de esas políticas, durante la
última década, los Estados han tratado de bajar los niveles muy
altos de violencia y de inseguridad. Entre esas políticas, podemos
distinguir las políticas de “seguridad de Estado” y las
políticas de “seguridad pública”. Las políticas de “seguridad
del Estado” ponen la responsabilidad de la seguridad en la acción
conjunta del Estado, del Ejército y de la policía en general. En
cambio, las políticas de “seguridad pública” combinan esos
mecanismos tradicionales con mecanismos políticos alternativos como
son las campañas pedagógicas y el fomento de la cultura de
participación ciudadana para realizar los objetivos de seguridad y
de convivencia pacífica. Las políticas de seguridad para los
ciudadanos tienen como principio fundacional, que la seguridad es
responsabilidad de una pluralidad de actores y no sólo de las
instituciones del Estado.
Lastimosamente, en la realidad actual,
esas políticas de seguridad para la ciudadanía no se diferencian
mucho de las políticas tradicionales de seguridad del Estado y
tienden a usar métodos eminentemente represivos. La creciente
implementación de políticas de “seguridad
ciudadana” en
América latina no ha contribuido a bajar el número de crímenes, de
delitos y de hurtos. Por su acción constante de fragmentación de
las sociedades locales y de exclusión de los “malos
ciudadanos”, esas políticas
de “seguridad”
han contribuido más bien a la anomia social y al monopolio de la
violencia, dos aspectos nodales para el mal funcionamiento de la
democracia.
Los
aspectos relacionados con los ajustes estructurales así como las
respuestas sociales urbanas que emergen en América Latina son
elementos claves que intervienen en el análisis de la violencia.
Si
bien es cierto que el “equilibrio social inestable” se refiere a
la frágil estabilidad bajo la cual los poderes negocian los
compromisos políticos con los diversos intereses para mantener el
control social, la creciente violencia urbana e inseguridad sugieren
un “nuevo
desequilibrio social” y
pérdida de control a través de América Latina. En las metrópolis
de la región, el desorden y la violencia son parte del cotidiano.
En
algunos países la situación ha generado un círculo vicioso en el
que los ajustes estructurales de orden neo-liberal han generado más
desigualdad, exclusión, pobreza y alienación que conlleva al
crecimiento de la violencia criminal y radical, que a su vez genera
un estado de violencia y coerción, reactivando aun más la
resistencia violenta desde abajo.
Como
los Estados Nacionales se encuentran cada vez menos capacitados para
negociar social y políticamente con los sectores movilizados de la
sociedad, han tenido que imponer medidas crecientes de violencia y de
control social. Los Estados en cada país, representan un segmento
particular de la geografía global, caracterizada por una estructura
social y una forma cultural particular, alianzas políticas así como
por negociaciones sociales e intervención de mercado (Poulantzas:
1978)
El
recurso de los Estados al uso de la violencia como vía de mantener
el orden o simplemente justificar su propia legitimidad, lo indica la
presencia creciente del ejército en las calles de las ciudades
Latinoamericanas. La aplicación de la fuerza por parte del Estado es
inherente a la aplicación de las políticas de austeridad, y su
extensión a través de la región sugiere que constituye la
condición necesaria para la incorporación de las naciones a la
economía neoliberal del mercado global.
De lo que estamos seguros, es que no se
puede entender el problema de la violencia social, sin entender la
sociedad como la organización y reproducción sistemática de
determinadas relaciones de poder, y como la articulación de un
conjunto de medios para la preservación de éste. La política
organiza el poder, le otorga forma estatal y viabiliza un proyecto
socio-económico de clase. En este marco, la violencia es parte
activa de la estructura social, no es sólo un instrumento, sino
sobre todo una expresión de conflicto. La
violencia es inherente a una estructura social injusta, a un orden
social basado en la explotación del trabajo, en la exclusión y
marginación económica, social y cultural de vastos sectores de la
sociedad. Cómo llegar al centro de esto es el verdadero reto.
El
escenario más desastroso lo constituiría un futuro que reproduzca
indefinidamente las condiciones actuales – con un nivel de
inseguridad no solo para aquellos ya excluidos estructuralmente sino
también para aquellos sectores medios, profesionales y técnicos que
son los nuevos excluidos, forzando a los Estados a militarizar sus
sociedades como única vía para mantener el orden y continuar con la
aplicación de las políticas de ajuste estructural.
Oscar A. Fernández O.
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