Hoy, la seguridad se entiende cada vez menos en términos
militares,
y mucho más como manejo
adecuado del conflicto.
Kofi
Annan
Oscar
A. Fernández O.
Hasta hoy, pese a los esfuerzos del
actual gobierno, las políticas de seguridad pública, no logran ser asumidas más
que como políticas “de reducción de daños” ante el impacto social de cada nuevo
hecho delictivo. Se sigue actuando, como lo hemos dicho en reiteradas
ocasiones, con respuestas efectistas y no sobre las causas estructurales de los
problemas. Esto permite, como lo podemos evidenciar, que las acumulaciones
históricas de los problemas potencien los efectos, en un ciclo vicioso que
frena cualquier forma de desarrollo nacional e inevitablemente conduce a crisis
crónicas.
Para referirnos al problema de la
delincuencia y de las políticas para luchar contra ella, debemos referirnos sin
duda a la situación política, económica y social del país. A partir de esto se
puede profundizar en la estructura causal de la violencia social y el delito
que nos provoca esa sensación de inseguridad creciente, para realizar trabajos
comunes en el territorio. La complejidad del problema y el deseo de
encontrar soluciones, son ya una realidad cotidiana y una necesidad extendida
en toda la sociedad.
Nuestra historia reciente está signada
por los siguientes fenómenos determinantes: el crecimiento desordenado de
nuestras principales ciudades, sobretodo la llamada “Gran San Salvador”, el
fracaso de un modelo económico que incrementó la pobreza y la división social,
la migración del campo a la ciudad en condiciones de marginalidad, el frustrado
intento de construir una democracia participativa y la ineficacia de los
sistemas de regulación de los conflictos. En suma, el fracaso del ajuste del
Estado que lo ha llevado a una debilidad importante.
Bajo el impacto de la mundialización
del capitalismo y las nuevas relaciones económicas y sociales que ésta genera,
nuestras ciudades deshacen las antiguas relaciones culturales, comunitarias y
religiosas, y precipitan a los habitantes a relaciones cada vez más difíciles y
agresivas suscitadas básicamente por la exclusión de cada vez mayor cantidad de
personas. “La juventud ha sido
anatemizada y convertida en objeto de miedo. Los adultos tratamos de
beneficiarnos de la impunidad, y cada uno siente que los valores de la vida
social están siendo cuestionados más gravemente por estas faltas de civilidad y
ética, que por el delito mismo (M. Marcus. 1997)
El nuevo gobierno del FMLN,
estima que la necesidad social actual se perfila en dirección de solucionar los
conflictos por la vía del entendimiento y la justicia, en función de prevenir
la violencia. Para ello es necesario rediseñar la PNC en función de estos
objetivos, dándole el carácter de “servicio público”, lo que la obliga actuar
conforme a la ley, apoyada en la aceptación plena de la comunidad y protegiendo
los derechos de las personas. Al mismo tiempo, se le reafirma a la policía el
deber de descubrir la mayor cantidad posible de los delitos cometidos, a fin de
que un sistema de justicia penal civilizada, equitativa y eficaz cumpla con su
obligación de mantener la criminalidad en los límites socialmente tolerables.
La no comprensión de la
dialéctica prevención-coerción, no es solo resultado del fracaso de un sistema
penal que ha confiado exclusivamente en la represión, sino que es la
contradicción inherente al proceso social, desde su misma aparición. Por tanto,
debemos reconocer explícitamente el fracaso del actual sistema punitivo. (J.
Curbet 1983)
En este contexto, se hacen cada vez más urgentes
los esfuerzos por desentrañar la complejidad de los problemas de inseguridad,
reducidos en muchos casos a problemas policiales, debido a la presión social
por soluciones prácticas e inmediatas. Antes que la comprensión del problema,
lo que prima frecuentemente es su administración, es decir, su regulación y
encausamiento a través de medidas como la producción (muchas veces ingenua) de
datos estadísticos y, sobre todo, de indicadores como acción prioritaria para
“controlar la violencia”.
La seguridad es un bien público
producido por una serie de instituciones y los ciudadanos, por lo que creer que
la lucha contra la criminalidad es un simple problema de policía y de sanciones
penales, es un error y una ilusión. Es necesario entonces, que todos los
actores de la vida social que tengan un impacto potencial en la criminalidad de
una ciudad, acepten compartir sus experiencias y sus acciones y coordinar éstas
últimas. Esta cooperación reúne a privados y al sector público, y en ello los
Consejos Municipales (con los Alcaldes al frente) tiene un papel de animación,
planificación y de continuidad de esta asociación, estimulando la organización
comunitaria, para buscar soluciones a los problemas propios de los
conglomerados humanos.
Debemos realizar una discusión sincera, alejándola de los oportunismos
políticos para no caer en falsas opciones. Debemos recordar siempre que este es
un tronco donde todos estamos apoyados, siendo responsabilidad del conjunto
social, pero sobre todo de los decisores políticos, la racionalidad de las
respuestas, ubicándolas en la línea del des-escalamiento de la violencia, desde
sus causas hasta sus efectos.
Sin este compromiso real, nuestra
confianza en la comunidad, la calidad de vida de nuestros ciudadanos sobre todo
en las ciudades y los derechos de la gente, seguirán siendo vulnerados cada vez
con mayor frecuencia y gravedad. Así mismo, mientras no se diferencien los
niveles y categorías del crimen y se determinen estrategias y operaciones
diferenciadas para hacerles frente, la violencia generalizada y el crimen
organizado con la complicidad del poder, seguirá pervirtiendo nuestras Repúblicas.
Los municipios deben trabajar conjuntamente
con el sistema penal y el sistema de prevención (que no ha sido creado) y cada
uno de estos actores, debe ser el complemento del otro. Es necesario trabajar
en la ciudad, donde están los sitios más sensibles a la inseguridad y con
poblaciones o grupos que sean víctimas frecuentes, o con autores de actos
delictivos, principalmente con los jóvenes pandilleros y muchachos en riesgo;
en las zonas marginales, los barrios, medios de transporte, deportados, las
mujeres y los niños. Hay que aclarar que la participación de la comunidad, no significa concederle al ciudadano la legitimación para
administrar justicia, pues aquí es donde deben participar eficientemente las
instituciones judiciales, en una relación armoniosa ciudadano-Estado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario