DEL ESTADO CAPITALISTA A LA DEMOCRACIA POPULAR

La democracia ha surgido de la idea de

que sí los hombres son iguales en cualquier respecto, lo son en todos.

Aristóteles

Oscar A. Fernández O.

La lucha por la democracia en América Latina o la conquista de la igualdad,

la libertad y la participación ciudadana, es insostenible al margen de una lucha contra el despotismo del capital. Más democracia involucra, necesariamente, menos capitalismo (Borón: 2004) El neoliberalismo remata en una concepción y una práctica profundamente autoritaria en la gestión de la cosa pública. Por eso la disyuntiva neoliberal no es entre estado y mercado, sino entre democracia y mercad. Sus representantes no vacilan en sacrificar la primera en aras del segundo. El predominio de facto de los intereses de las clases dominantes, derrotadas en la arena electoral pero activas en la conspiración para recobrar el aparato estatal, en el cual han perdido mucho terreno aquí en El Salvador y otros países de Latinoamérica, intenta quebrar las expectativas de justicia que grandes sectores sociales han depositado en el naciente proceso de cambios para radicalizar la democracia y desmontar el modelo de dominación tradicional. Las ominosas secuelas de esto aún se sienten en carne abierta; en el peor de los “pecados mortales”: la desigualdad brutal que aún nos aflige y provoca la mayoría de conflictos sociales hoy desbordados.

Dentro de la era de la globalización capitalista, la interdependencia económica, la ampliación del “libre mercado” y los nuevos valores y patrones del “orden” mundial, parece normal concebir al Estado y al gobierno sin ningún peso frente a la acción de los poderosos actores privados, los cuales han adquirido de manera exponencial, un peso desproporcionado en los últimos diez años. Aquél ser humano que se definiera como el “animal político” es hoy el “animal económico”, al mismo tiempo que toda cuestión política es vista como técnica. El aplastante peso del mercado global aparentemente marca el fin de las ideologías, donde un liberalismo “remozado” y su concepto de sociedad civil, trajeron el “fin de la historia” o como dicen algunos teóricos y políticos indefinibles: el más allá de izquierdas y derechas. Todo un sonsonete en la política actual.

Muchos países se autodenominan democráticos. Es común que las personas entiendan la democracia desde una perspectiva ficticia, no real. Esto es generalmente así, por que los poderes de facto y sus gigantescas maquinarias de propaganda se encargan de martillar sobre nuestras cabezas, todos los días, que democracia es lo que ellos dicen que es. Por lo tanto, los pueblos viven aferrados a mitos, creyendo en situaciones que no son realidad.

La mayoría de las sociedades contemporáneas hacen gala de gobernarse por los ideales y principios de la democracia. Pero muy distinta es la realidad, pues no es fácil comprender esta forma de vida social y mucho menos practicarla.

Algunos pensadores caracterizaron al mundo occidental moderno de manera mistificadora como el reino de la libertad y la democracia. Incluso llegaron a afirmar que en eso se distinguía la época moderna del antiguo régimen. Políticos que gobiernan las más importantes sociedades occidentales en el presente siglo, todavía promueven opresiones, tiranías y guerras en nombre de tales valores. Sus propagandistas afirman que en estas últimas décadas se asiste al triunfo definitivo de la Democracia y del libre mercado que la sustenta, llegando así, al “Fin de la Historia, de la Ideologías y de las Utopías”

El enfoque materialista histórico, marxista, a diferencia de los enfoques liberales (el subjetivista y el economicista) es profundamente distinto. A diferencia de los otros dos, su punto de partida no es “el punto de vista del actor”, sino de los procesos sociales de reproducción y transformación. Lo cierto es que el mundo occidentalizado tiene la peculiaridad de ser atravesado por dos tendencias opuestas, que se combaten: la del capitalismo y la de la democracia participativa. De la lógica de la oligarquía capitalista viene la racionalidad dominadora (de lo económico enajenado), la explotación (del hombre y de la naturaleza) así como la re-funcionalización de viejas opresiones, con su secuela de desigualdades e injusticias; como es su tendencia a la sociedad de desiguales.

De la tendencia de la democracia participativa y autonómica, emancipadora y libertaria, viene el pensamiento crítico ilustrado y los diversos movimientos populares que han derribado monarquías y oligarquías, independizado países, conquistado derechos y libertades individuales y colectivas, sociales y políticas; esa es su lógica civilizadora. (Lund: 2008)

La materialización cabal de la democracia participativa es el proceso de consolidar todo el poder para el pueblo. La forja del poder popular ha venido ocurriendo de arriba hacia abajo, por la acción revolucionaria de una lucha que cuenta con miles de los mejores hijos e hijas de la patria que dieron su vida por ella, pero esto no ha sido suficiente hasta hoy, no obstante haber construido un gobierno progresista que por primera vez ha arrancado parte del poder a la oligarquía, en la historia de esta pequeña nación centroamericana. Sin embargo, en el sistema político actual, aún existen trabas y usurpaciones de los poderes tradicionales que a sangre y fuego han impedido la concreción de una sociedad equitativa, independiente y soberana. Por ello, para el logro de un El Salvador, justo, humano y civilizado debemos destruir los poderes fácticos y construir el poder popular.

EL PODER QUE GENERA VIOLENCIA.

“En realidad, el nuevo orden mundial es el signo de la guerra civil”

Magnus Enzemberger.

Oscar A. Fernández O.

El llamado progreso, la distribución del ingreso y el ingreso per cápita son indicadores que más bien reflejan el atraso humano, la inequidad social y la injusticia del capitalismo como sistema económico. Si analizamos el lenguaje en boga y revisamos conceptos como competencia, individualismo, eficiencia, productividad, nos damos cuenta que no está presente el valor de la solidaridad, el respeto a la naturaleza, ni la cohesión de los colectivos humanos.

En la mayoría de países dónde por la imposición de un modelo económico en el cual las grandes mayorías no participan de sus beneficios, encontramos formas de violencia que se han extendido al grado de penetrar los cimientos de la cultura tradicional y sobreentenderse en la vida cotidiana. El Salvador es un ejemplo clásico.

Cuando los lazos de unión se disuelven a causa de la lucha por la sobrevivencia, la ausencia de solidaridad se compensa con subordinación y conformismo. Simplemente la uniformidad global permite advertir que la presión por la adecuación social es enorme y que la cantidad de artículos dispuestos con los cuales establecer una “identidad de moda” es inaccesible para las mayorías. Al mismo tiempo, paso a paso se expande una cultura estimulada por elementos bélicos y un comportamiento militarista. Ésta prolifera en la vida cotidiana y penetra hasta el interior de las familias comunes, que no tenían ningún ansia de guerra. Todos hablan hoy de “guerra contra la violencia”, una paradoja temeraria, una negación en sí misma, un culto peligroso.

Si sumamos esta infiltración de una cultura bélica y nihilista, a la violencia sufrida por la exclusión de grandes sectores en el país y la respuesta particularmente punitiva del Estado a este problema, obtenemos como resultado la legitimación y legalización de la violencia, lo que en otras palabras quiere decir que parece que los salvadoreños ya aceptamos la violencia como parte del paisaje social y comenzamos a creer que es normal vivir con ella. El bombardeo de propaganda, la inundación de noticias amarillistas y morbosas, el consumismo, la violencia exaltada y glorificada por los juegos electrónicos, la publicidad, el cine y la TV, impiden reconocer con claridad una diferencia entre la guerra y la paz.

La guerra se convierte en un asunto privado y el pensamiento violento y guerrerista invade nuestra conciencia. En contra del anhelo de que los seres humanos podamos ser iguales y liberados de un Estado violento y represivo, se expanden de manera epidémica, el autismo, el conformismo y las formas violentas de organización con sus correspondientes emblemas que proporcionan identidad y sentido de arraigo. Independiente de las formas en que sean entendidas, esta cultura de la violencia no es más que el síntoma de algo de lo que todavía no se toma conciencia: un fenómeno del “nuevo orden mundial” impuesto por el poder del capital transnacional y su poderío militar, el cual es aceptado y reproducido al pie de la letra por un régimen político corrupto y oligarquías burguesas que amasan fortunas de dudosa procedencia, como las que predominan actualmente en El Salvador.

Sin embargo, a pesar de este sello impuesto por el “nuevo orden imperial”, es necesario considerar que la violencia que vive la sociedad salvadoreña como fenómeno propio, debe ser visto como un hecho evidente que nos obliga a implementar un cambio fundamental y revolucionario en las relaciones sociales. M. Enzemberger (1993), se refirió hace dos décadas, a la expansión de una disposición general a la violencia: “Armados los marginados y las bandas dominan la ciudad y el campo debido a que el darwinismo social del libre mercado barrió con toda clase de cohesión social fundada en la solidaridad”.

Tanto las guerras civiles distantes como la violencia del narcotráfico y pandilleril, son meras variantes de un tipo nuevo de guerra civil, totalmente distinta a las tradicionales. El rasgo esencial de esas nuevas guerras civiles es el autismo (Enzemberger: 1994) Al contrario que sus predecesores clásicos, el guerrillero o partisano que luchaba por fines nobles, el nuevo adversario autista, se caracteriza por un rasgo totalmente nuevo y paradójico: la completa ausencia de ética y altruismo, una pérdida total y radical del yo y de la cognición, que incluso el principio regulador de la propia supervivencia no funciona.

A partir de una violencia inicial, como la tipifica Helder Cámara, que es la injusticia, es que se crea la “espiral de violencia”. Lo hemos analizado en anteriores artículos. Es un círculo infernal en el que una violencia acarrea otra. Varios filósofos y expertos técnicos en esta materia, indican bien cómo y cuándo se sufre la violencia de un orden dominante y dominador, que llega a ser autoritario y hasta tiránico, parece inevitable una respuesta organizada o no, a esa violencia.

Pierre Mertens (1982) se pregunta: ¿Cómo puede escapar el oprimido a su vocación violenta? ¿No es el opresor el que le indica el camino? No son los pueblos los que han inventado la violencia, si no los Estados, dice Engels. De tal manera que, “es en el momento en que reafirman la violencia de clase, cuando los oprimidos, los excluidos realizan prácticamente una sociedad en la que se apoderan de los valores morales oficialmente reservados a los no violentos” (F. Engels. Teoría de la violencia)

Las consecuencias de esta violencia desatada que sufrimos los salvadoreños y otras sociedades, son las manifestaciones de la fractura y disolución social que atomiza la sociedad. En El Salvador heredado, el sistema y modelo aún vigentes, excluyen cada vez más personas, llevándolas a la frustración y desesperación. Vivimos la negación total de una sociedad de inclusión sustituida por una sociedad de exclusión. En la actualidad se han establecido mecanismos de excepción adicionales, visibles e invisibles, de hecho y de derecho, que se aplican contra los asentamientos marginales a manera de defensa para las minorías sociales que se encuentran en una posición privilegiada.

Cuando los políticos tradicionales condenan la violencia en cuanto tal en nuestro país, es que consideran lógicamente las injusticias y las desigualdades como fatalidades inevitables e irreversibles ante las cuales sólo queda resignarse. Maurice Merleau (1969) observa acertadamente, que al condenar la violencia de los civiles, se pretende consolidar la violencia del sistema, es decir un régimen y un sistema de producción que hacen inevitable la miseria y la violencia.

La escalada a la violencia y la tendencia de ésta a estabilizarse preocupa en primer orden, porque hace evidente el fraccionamiento interno de la cohesión social, contra la cual las instituciones se muestran impotentes. Así, la sociedad se descompone en asociaciones de violencia de todas las escalas sociales, que nos hacen vivir un permanente estado de guerra, el cual creíamos estar superando.

UNA OBLIGACIÓN DE LA IZQUIERDA: REPENSAR EL ESTADO

Oscar A. Fernández O.

Hace un tiempo publiqué el artículo titulado “La izquierda debe construir el Estado”, por lo que esta vez vengo a insistir sobre la misma cuestión, cuando el FMLN está a las puertas de iniciar una serie de cambios que se convierten en obligatorios frente al agotamiento de un sistema y un modelo, que lúcidos pensadores de la contemporaneidad lo califican, incluso, de crisis de civilización.

Los neoliberales están claros que en su lucha por restaurar el principio del mercado como regulador del sistema-universo, necesitan, para convencer, de algo más que la economía, de un formato político que reconcilie. Ese formato político es el Estado de derecho liberal, pero como un nuevo contrato social en el que el Estado de derecho se convierte en la garantía contractual de la economía de mercado (o también la sociedad de mercado). Se trata de una reformulación del Estado de derecho liberal del siglo XIX, formulado por Kelsen, o Carl Schmitt, entre otros, pero con formatos políticos distintos habida cuenta de que las circunstancias del sistema capitalista habrían cambiado profundamente.

El libre mercado se convierte en el eje del funcionamiento de la economía neoliberal de final de siglo, y ello conlleva la crisis de lo público, cuya actividad se ha ido reduciendo a aquellos sectores de productividad menos rentables, deficitarios y que están relacionados con la protección social y asistencial, o con la prestación de determinados servicios ciudadanos que no interesan por la escasa o nula rentabilidad a la iniciativa privada. El estado se convierte en subsidiario de aquellas actividades que al ser poco competitivas no interesan a la empresa privada. Tal vez uno de los rasgos que diferencian al neoliberalismo de su precursor es brindar mucha menos atención a la interdependencia social de los individuos, al pensar de manera ilusoria que la resultante de la lucha aislada por la supervivencia de los individuos de manera espontánea siempre redundaría en beneficio social, algo que la experiencia histórica en lugar de confirmar ha desmentido, lo cual es reconocido por muchos investigadores (P. Guadarrama: 2001)

De las figuras de la contractualidad, el Estado de derecho fundamentado por los neoliberales recoge, en lo fundamental dos: aquella que exonera de Hobbes, y aquella de Locke. La recurrencia a Hobbes es para justificar la preeminencia del interés egoísta e indicar que el Estado se constituye como contractualidad desde la base del interés egoísta (que es el fundamento del mercado auto-regulador), mientras que la referencia a Locke está dada en el derecho a la propiedad como derecho natural (serán los derechos de propiedad expresados como derechos políticos fundamentales del Estado de derecho neoliberal). (Dávalos: 2001)

En este contexto, el Estado se convierte en el fiador del derecho, y éste en la racionalización histórica de instituciones y reglas de juego patrimoniales y consuetudinarias, subraya el autor citado (ut supra) El derecho, entonces, es una institución que sistematiza las reglas de juego sobre las cuales operan los mercados. En ese sentido, el capitalismo se adapta y se convierte en una especie de realización histórica universal. El Estado lo que hace es sancionar las leyes desde un reconocimiento público, desde el dominio de la ley, del “imperio de la ley” (Rule of Law). El Estado, de esta manera, se convierte en un producto del mercado, y éste se convierte en un espacio natural e histórico autenticado por los marcos institucionales propios de cada sociedad. La Constitución Política vigente, por ejemplo, no representa la voluntad soberana del pueblo salvadoreño. Fue impuesta en 1983 para legitimar el brutal despotismo que violó todos los derechos de la gente y enriqueció a un puñado de empresarios que, mediante espurias privatizaciones, se apoderaron de la mayor parte del patrimonio público forjado con el trabajo y ahorro de generaciones de salvadoreños.

De la crisis que lo asola, el capitalismo quizás se reponga en el futuro, pero con mucha dificultad. Buscará más eficiencia, más riqueza y más concentración, pero tras de sí dejará un desastre ecológico mundial, una estela de gente empobrecida que ya no le es útil al sistema, que está de más, y que debe ser desechada. En unos años, el aparato productivo quizás se reconstituya, habiéndose desembarazado de la carga que le significaba el “gasto” social del Estado de Bienestar; habrá moldeado a las fuerzas productivas de tal manera que pueda extraerles el mayor rendimiento posible y competirá en mejores condiciones que antes en la palestra internacional.

La economía, entonces, podrá estar bien, con presupuestos nacionales equilibrados, balanzas de pago al día, pero a costas del sufrimiento de millones de personas que lo habrán perdido todo y sobre cuyos hombros, además, se echara la culpa del desastre diciéndoles que por su causa, por haber vivido sobre sus posibilidades reales, están como están.

La otra alternativa, la que debe seguir la izquierda, es repensar el Estado, lo cual constituye una obligación histórica, contrario sensu a pensar que con algunos “arreglos sociales” se puede continuar sosteniendo el capitalismo. Es una necesidad insoslayable, construir un Estado vigoroso con instituciones fuertes, no obesas; ágiles, transparentes, no burocráticas; instituciones que protejan al pueblo. Seguridad como primera prioridad, pero en su concepción más amplia e integral: seguridad colectiva, seguridad laboral, seguridad social, seguridad pública para el pueblo. Un Estado radicalmente democrático, capaz de proveer acceso por igual a los servicios básicos que necesita y demanda la gente: salud, comida los tres tiempos, educación, vivienda digna.

Un Estado que garantice los derechos del pueblo, nuestros derechos, por los que hemos batallado y triunfado muchas veces: el derecho a ser diferentes y pensar diferente; el derecho a la protesta y al entretenimiento sin que éstos se criminalicen; el derecho a conocer y defender nuestros derechos. Un Estado que regule las fuerzas económicas, no para sustituir a los mercados, pero sí para que la riqueza producida por todos, llegue a la gente y no se acumule. Y desde luego, un Estado democrático que fortalezca la cultura de la tolerancia, de la inclusión y de la participación social en la diversidad, nuestra diversidad: la diversidad ideológica, étnica, cultural, sexual, religiosa, regional de los pueblos.

El rol del Estado es irremplazable en la conducción de una integración económica que tenga como objetivo la promoción de la justicia social, la igualdad, la equidad en el reparto y el desarrollo de los pueblos. El Estado democrático popular, debe ser un instrumento de la sociedad para enfrentar los problemas económicos y sociales que el mercado no puede resolver. Un Estado que garantice el detente contra los abusos de las oligarquías burguesas, el conformismo y la institucionalización del miedo, producto de la propaganda del dominio, bases sobre las cuales se fundó el fascismo.

IDEAS PARA REPENSAR LAS POLITICAS DE SEGURIDAD PÚBLICA.

Hoy, la seguridad se entiende cada vez menos en términos militares,

y  mucho más como manejo adecuado del conflicto.

                                                                                                                                                                        Kofi Annan

Oscar A. Fernández O.

Durante la última década el problema de la seguridad de la ciudadanía adquirió protagonismo en el debate público, como resultado del crecimiento de distintos fenómenos relacionados con la violencia. Este proceso se gestó en un contexto de profundas desigualdades sociales, donde las instituciones, en particular la policía, el ministerio público fiscal y la justicia reorientadas en pro del modelo económico oligárquico, han sido al mismo tiempo deficientes para garantizar derechos y activas promotoras de la ilegalidad y la impunidad. El neoliberalismo y su dispositivo de expansión planetaria, la globalización, ha sido acompañado con el crecimiento de una cultura del delito.

Hasta hoy, pese a los esfuerzos del actual gobierno, las políticas de seguridad pública, no logran ser asumidas más que como políticas “de reducción de daños” ante el impacto social de cada nuevo hecho delictivo. Se sigue actuando, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, con respuestas efectistas y no sobre las causas estructurales de los problemas. Esto permite, como lo podemos evidenciar, que las acumulaciones históricas de los problemas potencien los efectos, en un ciclo vicioso que frena cualquier forma de desarrollo nacional e inevitablemente conduce a crisis crónicas.

Para referirnos al problema de la delincuencia y de las políticas para luchar contra ella, debemos referirnos sin duda a la situación política, económica y social del país. A partir de esto se puede profundizar en la estructura causal de la violencia social y el delito que nos provoca esa sensación de inseguridad creciente, para realizar trabajos comunes en el territorio.  La  complejidad del problema y el deseo de encontrar soluciones, son ya una realidad cotidiana y una necesidad extendida en toda la sociedad.

Nuestra historia reciente está signada por los siguientes fenómenos determinantes: el crecimiento desordenado de nuestras principales ciudades, sobretodo la llamada “Gran San Salvador”, el fracaso de un modelo económico que incrementó la pobreza y la división social, la migración del campo a la ciudad en condiciones de marginalidad, el frustrado intento de construir una democracia participativa y la ineficacia de los sistemas de regulación de los conflictos. En suma, el fracaso del ajuste del Estado que lo ha llevado a una debilidad importante.

Bajo el impacto de la mundialización del capitalismo y las nuevas relaciones económicas y sociales que ésta genera, nuestras ciudades deshacen las antiguas relaciones culturales, comunitarias y religiosas, y precipitan a los habitantes a relaciones cada vez más difíciles y agresivas suscitadas básicamente por la exclusión de cada vez mayor cantidad de personas. “La juventud ha sido anatemizada y convertida en objeto de miedo. Los adultos tratamos de beneficiarnos de la impunidad, y cada uno siente que los valores de la vida social están siendo cuestionados más gravemente por estas faltas de civilidad y ética, que por el delito mismo (M. Marcus. 1997)

El nuevo gobierno del FMLN, estima que la necesidad social actual se perfila en dirección de solucionar los conflictos por la vía del entendimiento y la justicia, en función de prevenir la violencia. Para ello es necesario rediseñar la PNC en función de estos objetivos, dándole el carácter de “servicio público”, lo que la obliga actuar conforme a la ley, apoyada en la aceptación plena de la comunidad y protegiendo los derechos de las personas. Al mismo tiempo, se le reafirma a la policía el deber de descubrir la mayor cantidad posible de los delitos cometidos, a fin de que un sistema de justicia penal civilizada, equitativa y eficaz cumpla con su obligación de mantener la criminalidad en los límites socialmente tolerables.

La no comprensión de la dialéctica prevención-coerción, no es solo resultado del fracaso de un sistema penal que ha confiado exclusivamente en la represión, sino que es la contradicción inherente al proceso social, desde su misma aparición. Por tanto, debemos reconocer explícitamente el fracaso del actual sistema punitivo. (J. Curbet 1983)

En este contexto, se hacen cada vez más urgentes los esfuerzos por desentrañar la complejidad de los problemas de inseguridad, reducidos en muchos casos a problemas policiales, debido a la presión social por soluciones prácticas e inmediatas. Antes que la comprensión del problema, lo que prima frecuentemente es su administración, es decir, su regulación y encausamiento a través de medidas como la producción (muchas veces ingenua) de datos estadísticos y, sobre todo, de indicadores como acción prioritaria para “controlar la violencia”.

La seguridad es un bien público producido por una serie de instituciones y los ciudadanos, por lo que creer que la lucha contra la criminalidad es un simple problema de policía y de sanciones penales, es un error y una ilusión. Es necesario entonces, que todos los actores de la vida social que tengan un impacto potencial en la criminalidad de una ciudad, acepten compartir sus experiencias y sus acciones y coordinar éstas últimas. Esta cooperación reúne a privados y al sector público, y en ello los Consejos Municipales (con los Alcaldes al frente) tiene un papel de animación, planificación y de continuidad de esta asociación, estimulando la organización comunitaria, para buscar soluciones a los problemas propios de los conglomerados humanos.

Debemos realizar una discusión sincera, alejándola de los oportunismos políticos para no caer en falsas opciones. Debemos recordar siempre que este es un tronco donde todos estamos apoyados, siendo responsabilidad del conjunto social, pero sobre todo de los decisores políticos, la racionalidad de las respuestas, ubicándolas en la línea del des-escalamiento de la violencia, desde sus causas hasta sus efectos.

Sin este compromiso real, nuestra confianza en la comunidad, la calidad de vida de nuestros ciudadanos sobre todo en las ciudades y los derechos de la gente, seguirán siendo vulnerados cada vez con mayor frecuencia y gravedad. Así mismo, mientras no se diferencien los niveles y categorías del crimen y se determinen estrategias y operaciones diferenciadas para hacerles frente, la violencia generalizada y el crimen organizado con la complicidad del poder, seguirá pervirtiendo nuestras Repúblicas.

Los municipios deben trabajar conjuntamente con el sistema penal y el sistema de prevención (que no ha sido creado) y cada uno de estos actores, debe ser el complemento del otro. Es necesario trabajar en la ciudad, donde están los sitios más sensibles a la inseguridad y con poblaciones o grupos que sean víctimas frecuentes, o con autores de actos delictivos, principalmente con los jóvenes pandilleros y muchachos en riesgo; en las zonas marginales, los barrios, medios de transporte, deportados, las mujeres y los niños. Hay que aclarar que la participación de la comunidad, no significa concederle al ciudadano la legitimación para administrar justicia, pues aquí es donde deben participar eficientemente las instituciones judiciales, en una relación armoniosa ciudadano-Estado.

LUCHA DE CLASES Y CAMBIO SOCIAL (La necesidad del Frente de masas)

Oscar A. Fernández O.

El exiguo crecimiento económico sigue beneficiando, con pocas excepciones, casi exclusivamente a las transnacionales imperialistas, la élite capitalista local y a sectores muy limitados de las capas medias; para el resto de la población el tan pregonado milagro, una vez más, se ha quedado en casi nada, a pesar de los esfuerzos de gobiernos progresistas que comienzan a marcar la diferencia en América Latina.

El abismo creciente entre el lujo del que disfruta un pequeñísimo grupo y la miseria en que vive sumida la inmensa mayoría de la población, está provocando un aumento del malestar social que ha comenzado a expresarse ya en importantes luchas obreras, campesinas y estudiantiles, huelgas generales, el inicio de divisiones en el seno de la clase dominante y el resurgir de una contestación por la izquierda en diferentes organizaciones obreras y populares del continente.

La lucha de clases ha vuelto a llamar a la puerta y ese espejismo de estabilidad política eufemísticamente llamada “gobernabilidad” y el aumento desmedido de la acumulación de capital, que los burgueses latinoamericanos soñaban eterno, comienza a romperse en pedazos. Han dejado de gobernar con la aceptación de las masas engañadas y ahora defienden su “modelo” con el uso de la fuerza y la sedición. Han pretendido reducir el Estado a un instrumento represor en esencia.

La acumulación capitalista se desarrolla siguiendo una pauta muy desigual, lo que tiene consecuencias importantes sobre la naturaleza e intensidad de la lucha de clases. Además, las reacciones concretas de los trabajadores y, sobre todo, del Estado capitalista hacia la situación general de la economía han dado forma al grado de intensificación de la lucha de clases y de la ofensiva de los dos «polos» principales (capital y mano de obra) (Petras: 2011)

La actual crisis mundial que comienza por la crisis en Estados Unidos y su agresividad guerrerista imperial, en Latinoamérica ha comenzado a erupcionar. La lucha de clases vuelve a la palestra con una recomposición en su seno pero con un proceso de concienciación que se profundiza. Ninguno de los graves problemas que arrastra el sistema que hoy les provocan espanto, ha sido atajado. La verdadera causa de la crisis es la sobreproducción, la pérdida de la capacidad adquisitiva y la corrupción del gran capital transnacional, que padece el sistema a nivel mundial.

Mientras la capacidad para producir bienes y servicios (impulsada por los deslumbrantes avances tecnológicos de las últimas décadas) es ilimitada, la capacidad de consumo de los trabajadores se ve constantemente reducida por los beneficios capitalistas (concentración de la riqueza) El boom de los 90s y principios de este siglo, se ha basado en todos los países, entre otros factores, en un incremento brutal en los ritmos y la duración de la jornada de trabajo; la precarización laboral y los descensos salariales; en general la llamada “liberalización del mercado laboral” como en la sustitución masiva de mano de obra por las nuevas tecnológicas.

De este modo lograron reducir los costes de producción y aumentaron su tasa de beneficios, reanimando por un período la inversión. Pero esto, en lugar de paliarlas, exacerba a medio plazo las contradicciones del sistema. Las caídas salariales y despidos repercuten inevitablemente en el poder adquisitivo y recortan los mercados. Más inversión y tecnología significa, en última instancia, que para reproducir y ampliar el capital invertido los capitalistas necesitan ahora extraer más plusvalía de los obreros y vender un mayor volumen de productos, a fin de realizar sus beneficios, del que los mercados pueden absorber. La explotación y los niveles de ganancia y acumulación, han llegado a límites insospechados.

Cada capitalista individual y cada burguesía nacional, intenta afrontar esta crisis de sobrecapacidad productiva compitiendo por aumentar su cuota de mercado en detrimento de los demás y rebajando costes de producción mediante nuevas reducciones de empleo, recortes salariales, más flexibilidad laboral. El resultado, no hace falta decirlo, es dar nuevas alas a la crisis. Mientras, las naciones caen en una descomunal espiral de consumismo-desempleo-alto costo de la vida-reducción de los beneficios sociales (M. Campos: 2010)

El papel adjudicado a los países del antiguo mundo colonial en la división internacional del trabajo, impuesta por el imperialismo, sigue siendo el de proveedores de mano de obra y materias primas baratas. Bajo la máscara de la tan gastada globalización, se oculta una explotación descarnada de los mercados del mundo colonial por parte de las multinacionales imperialistas. Su objetivo no es otro que encontrar nuevos campos de inversión donde colocar su excedente de capital y restaurar su tasa de beneficios mediante la explotación salvaje de las masas. Es para la generalidad de los países bajo la férula neocolonial, un regreso al modelo de importación.

A través del FMI, el Banco Mundial o la Organización Mundial de Comercio (OMC), los imperialistas dictan durísimos planes de ajuste que los respectivos gobiernos y burguesías nacionales deben acatar sin reclamo, so pena de acabar marginados en el reparto de créditos y ayudas de estos organismos y privados de la todopoderosa "confianza de los inversores". Se han intensificado así los intercambios desiguales de productos elaborados con más valor añadido (y mayor precio) procedentes de Europa, China, USA y Japón, a cambio de materias primas -commodity- (con menos valor incorporado) salidas de la región, uno de los mecanismos imperialistas que sangra a las economías latinoamericanas desde hace décadas.

Los únicos beneficiados por estas políticas, junto naturalmente a las multinacionales imperialistas, son los sectores más poderosos de las burguesías latinoamericanas, cuyos beneficios dependen cada vez más del mantenimiento de estrechos vínculos políticos y económicos (intercambios comerciales, inversiones conjuntas) con esas mismas multinacionales.

La lucha de clases no es una cuestión inventada ni un simple aforismo ideológico de las izquierdas marxistas, es una contradicción congénita que se expresa  en relación capital-trabajo-plusvalía, la cual genera la explotación de una clase dueña de los medios de producción  (burguesía)  sobre la  otra que es la fuerza de trabajo (clase trabajadora) Una renovada protesta social –que a nivel regional ha crecido en los últimos años– y la acción de movimientos sociales y populares con características diferentes de aquellos que habían ocupado el centro de la escena en el pasado inmediato.

Este proceso, en el marco de la crisis económica que atravesó a la mayor parte de la región (y no solamente a ella) y frente a los intentos de profundizar las políticas neoliberales, se tradujo en algunos casos en “levantamientos populares, en la constitución de “mayorías electorales” críticas al neoliberalismo e incluso en la reaparición de un discurso político alternativo que propone la construcción de una democracia de esencia popular. Por eso el FMLN ganó las elecciones de forma inédita y el otro partido, representante de la más rancia oligarquía, perdió a pesar de sus desgastados trucos y amaños.

En su diversidad, estos procesos señalan la creciente crisis de legitimidad que cuestiona a las formas culturales, económicas y políticas que han sostenido  la aplicación del neoliberalismo. Considerando la evolución de la conflictividad social  actual en términos regionales, en El Salvador ha habido un ascenso sostenido del 2000 al 2008. Hay levantamientos y protestas espontáneas por el agua, la minería, el alto costo de la vida, etc. Sin embargo hace falta mayor organización de todos estos nuevos grupos que han aparecido a raíz del desmembramiento de la clase trabajadora. Un último rasgo que quisiéramos remarcar son las experiencias de los movimientos sociales de construir puntos de acción convergentes o coordinaciones sostenidas en espacios organizativos amplios para manifestarse contra las políticas económicas en la región o en apoyo de los gobiernos que están haciendo los cambios sociales pertinentes y avanzan en la descolonización de sus naciones.

Esta situación de protesta social, aunque todavía no es generalizada, resulta de significativa importancia para comprender los impactos políticos, económicos y sociales que las mismas encierran, además de la reconfiguración en curso de la hegemonía norteamericana y de las oligarquías burguesas locales y de sus estrategias de dominación regional, que incluye la sedición contra los gobiernos progresistas no afines a Washington, como el caso de Venezuela.

La observación y análisis de las resistencias sociales que ya están despertando estas políticas, son de una importancia decisiva para entender las dinámicas contra hegemónicas que probablemente se manifestarán  con mayor énfasis en lo que resta por venir (Tadei: 2000) Finalmente creo que es importante discutir  y comprobar la hipótesis que si en El Salvador  están dadas las causales objetivas  para arribar a un cambio histórico de rumbo, o si falta que se desarrollen con mayor celeridad los factores organizativos y de conciencia del pueblo, para lograr cambios estructurales y defenderlos.

REDISEÑAR EL CONTRATO SOCIAL

“El poder que rige a la sociedad es la voluntad

general que mira por el bien común de todos los ciudadanos.”

J.J. Rousseau

Oscar A. Fernández O.

Cómo nuestro enfoque epistemológico es predominante marxista, debemos de entender que los procesos históricos han madurar y crear las condiciones objetivas y subjetivas para efectuar los saltos de calidad auténtica que permitan a los pueblos profundizar los cambios sociales necesarios. Apelando a dicha tesis, exponemos a continuación la necesidad de construir un Estado verdaderamente democrático, que sirva de transición para fundar un mejor El Salvador, lo cual es absolutamente procedente y necesario.

El asunto del Estado es quizás una de las materias más  estudiadas y debatidas en el campo intelectual del marxismo y en el terreno político y cultural de las izquierdas, toda vez que resume y concentra  algunas de las problemáticas fundamentales de nuestro modelo y  se encuentra en el núcleo del proyecto socialista: la cuestión del poder, del  sujeto histórico, de la revolución, de las formas de conquista del poder, del  rol de la fuerza política, la lucha de clases y la transformación  revolucionaria de la sociedad.

En el llamado Estado moderno, éste y el mercado son instituciones complementarias. El Estado –el sistema  constitucional y la organización o  aparato que lo garantiza– es la principal  institución que coordina las sociedades  modernas, el principal instrumento a  través del cual las sociedades  democráticas moldean el capitalismo  para poder alcanzar sus objetivos  políticos. El mercado es una institución  basada en la competencia que, bajo la  regulación del Estado, contribuye a  la coordinación de la economía. Desde fines de los 80, el neoliberalismo lanzó un  asalto al Estado (y también al mercado)  desde la teoría neoclásica y la teoría  de la elección pública, que se convirtieron  en una meta-ideología de la época.

Aunque el ataque fue feroz, la actual crisis  económica y la profundización de la pobreza mundial, confirma la necesidad de  reconstruir el Estado y buscar una nueva  complementariedad con una nueva forma de mercado, justo y solidario.

Las condiciones críticas y las tendencias inéditas que actualmente muestra el sistema rebasan ampliamente el balance de tensiones históricamente conocidas durante toda la evolución del modo de producción capitalista desde sus orígenes.

Las implicaciones que se desprenden de la actual crisis del Capitalismo son radicalmente expresivas de la época de crisis civilizatoria que encarna el neoliberalismo. No hay que olvidar tampoco que la manera como se pretendieron sortear las crecientes contradicciones y la sobrevenida crisis del capitalismo de postguerra, especialmente, el agotamiento del Estado de Bienestar y el modelo de acumulación fordista a nivel planetario (principalmente en los países centrales pero siempre en correlación a las periferias capitalistas) fue articulada bajo la contra-revolución neoliberal. (Socarrás: 2014)

En el modelo neoliberal se ha perdido definitivamente el pacto social por las que muchas veces en su historia, ha luchado el pueblo salvadoreño, desde que la oligarquía salvadoreña fundará un Estado a su conveniencia. Las fuerzas políticas ya no buscan acuerdos para encontrar caminos que lleven a un beneficio social, ahora impera la ley del más fuerte, nos domina el mercado y los intereses financieros del capital especulativo, el hombre como lo hemos dicho, dejó de ser el homo social y se convirtió en el homo económico. El ser humano ha sido cosificado y como tal, hipotecado.

No obstante el avance en materia constitucional y democrática, que significaron los Acuerdos de Paz firmados por las partes en conflicto, estos no alcanzaron para reconstruir (o rediseñar) un nuevo contrato social pactado por el pueblo salvadoreño. Las reformas constitucionales, rápidamente perdieron efectividad y la oligarquía burguesa impuso sus intereses de nuevo, durante veinte años, hasta que fueron desplazados por el FMLN y la fuerza popular democrática a través del voto.

Para nosotros está claro que lo declarado en el texto constitucional, no es lo que se practica, para nosotros está claro que el modelo neoliberal vigente desde hace varios años, desde que gobernaba el partido ultraderechista, que proclama al mercado como el supremo hacedor y rector de todo lo que se hace y se deja de hacer, que proclama la ganancia y no la persona como el fin y objetivo del Estado, que proclama la superioridad del interés privado (propiedad privada) sobre el interés social y el interés público, ese modelo es contrario a la Constitución, viola la Constitución. Dicho en pocas palabras: el modelo neoliberal es inconstitucional. Así definía Schafik Handal, el triste panorama en que fue sumido al Estado, por los oligarcas y sus tecnócratas aprendices de políticos.

Basado en ello, es meritorio pensar que el contrato social que solo existió en apariencia, deba ser repensado con el fin de rescatar la naturaleza política y social del Estado. Este camino se ha comenzado a transitar y se profundizará con el nuevo gobierno. Podemos definir al Estado como “la comunidad de seres humanos fijada sobre un territorio determinado y que posee una organización de la que resulta para el grupo, considerado en las relaciones con sus miembros, una potestad superior de acción, de mando y de coacción” (Carré de Malberg)

Esta definición normalizada, es claro ejemplo de una perspectiva amplia de Estado, constituido por tres elementos o condiciones existenciales: la población (dato demográfico o sociedad), el territorio y el poder (Estado en sentido estricto: gobierno, aparatos y ramas de poder). Aunque una teoría meramente jurídica es insuficiente para el análisis del Estado como forma de organización social, la doctrina jurídica nos ofrece un marco para el análisis no sólo del Estado como órgano de producción normativa, sino de esa totalidad o unidad política.

El Estado de Derecho excede un simple conjunto de normas constitucionales y legales,  pues  involucra a todos los ciudadanos, no sólo a diputados que legislan, al orden legal o a políticos que gobiernan, hemos sostenido desde hace mucho. La existencia de un verdadero Estado de Derecho (Rechtsstaat: I. Kant) se mide en el funcionamiento de las instituciones y en la praxis política cotidiana. El Estado de Derecho  teóricamente, suministra la libertad para el libre juego de pensamiento y acciones y debe permitir las modificaciones y cambios que el proceso social requiera. No existen pues las llamadas “normas pétreas” o escritas en piedra. Nada en esta vida está escrito en piedra. El Estado de Derecho excede el campo de lo jurídico para tocar el terreno de la política y la ética, pues existen derechos naturales de las personas, que son inalienables.

Es indiscutible, entonces, la relación entre derecho y política. El derecho debería de emanar de la voluntad de los pueblos no de una élite económica, así el Estado estaría realmente limitado en su acción, por los derechos que esa voluntad encarna. El logro del bien común es el objetivo genérico del derecho. Si bien la democracia es una forma jurídica específica no puede limitarse a garantizar la alternancia en el poder de las diversas expresiones políticas, sino que debe avanzar en la institucionalización de principios y valores de justicia social equitativa. 

CONSTRUYENDO PODER Y DEMOCRACIA POPULAR.

«Que ningún ciudadano sea suficientemente opulento como para comprar a otro, ni ninguno tan pobre como para ser obligado a venderse».

J. J. Rousseau  «El Contrato Social».

Oscar A. Fernández O.

Existen ciertas explicaciones que a partir de la actividad política actual, se debaten en el plano teórico. Esta discusión, en la que intervienen intelectuales de diversos lugares, interviene evidentemente en las acciones políticas concretas, ya que los funcionarios políticos, los ciudadanos, militantes y representantes, organizan explícita o implícitamente sus prácticas políticas en tales desarrollos teóricos. Así la democracia representativa liberal (burguesa) pasa por ser la concepción misma de democracia, sin admitir otras tesis sobre esa categoría; la perspectiva anarquista de disolución del Estado, pasa por ser la posición obligatoria de un movimiento social o político que coincide, con las diferencias del caso, en enfoques posmodernos y de extrema izquierda al mismo tiempo; o el ejercicio del liderazgo político, las derechas lo tildan con suma parcialidad, como dictadura populista.

Estos diagnósticos teóricos sumamente cuestionables, distorsionan las prácticas políticas, dispersan los esfuerzos de militantes revolucionarios guiados por principios muy generosos (aunque no hay que olvidar el dicho popular de que “el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones”), o niegan la posibilidad de funciones políticas necesarias para el desarrollo social. (Dussel: 2010)

Estamos obligados pues, a hacer algunas reflexiones de los temas que paralizan actualmente las voluntades políticas y que nos impide actuar más creativa, activa, conjunta y rotundamente.

En la era de la globalización, interdependencia económica y ampliación del libre mercado, y los nuevos valores y estándares del orden mundial, nos parece normal concebir al Estado y al gobierno sin ningún peso frente a la acción de los poderosos actores privados, los cuales han adquirido de manera exponencial, un peso desproporcionado en los últimos veinte años. Aquél ser humano que se definiera como el animal político es hoy el “animal económico”, al mismo tiempo que toda cuestión política es vista como técnica. El aplastante peso del “mercado global” aparentemente marca el fin de las ideologías, donde un liberalismo “remozado” y su concepto de sociedad civil trajeron el “fin de la historia” o como dicen algunos teóricos y políticos indefinibles: el más allá de izquierdas y derechas. ¿No les parece una ironía?

Ante la clásica deficiencia de pensamiento propio, pseudo teóricos e intelectuales,  algunos que se autodefinen de “izquierda democrática” -como si las izquierdas no son por naturaleza populares- abusando del pensamiento marxista, tratan de resaltar: 1. La preponderancia de la libertad económica de la sociedad; 2. La supremacía de la esfera privada sobre la pública; 3. La importancia creciente del “consenso” y la persuasión como instrumentos de legitimación política y conciliación de clases; 4. La consecuente percepción de la decadencia del papel y la utilización de la fuerza como instrumentos necesarios para la acción del Estado; y 5. La inviabilidad de la revolución, pues basta con hacer que el capitalismo sea “un poco más humano”.

Creo que la cuestión central, al decir de Chosmky, no es simplemente la manipulación informativa, sino algo de dimensiones mucho mayores. “Se trata de si queremos vivir en una sociedad emancipada o bajo una forma de totalitarismo autoimpuesto, en el que el rebaño desconcertado se encuentra, además, marginado, dirigido, amedrentado y sometido a la repetición inconsciente de eslóganes patrióticos e imbuido de un temor reverencial hacia el oligarca que le salva de la destrucción, mientras que las masas que han alcanzado un nivel cultural superior marchan a toque de corneta repitiendo aquellos mismos eslóganes que, dentro de nuestro país ya están degradados”. (Chomsky: 1993)

No olvidemos nunca, que ninguna decisión política es neutral. Todas obedecen a criterios ideológicos solapados bajo los discursos previamente diseñados en los laboratorios de imagen y propaganda de los emisarios políticos de estos estereotipos venidos a menos. O cambiamos las palabras, al mismo tiempo que el discurso ideológico y la agenda política, o ellas nos transformarán a nosotros.

Sin embargo, con el correr de la historia actual, varias corrientes de pensamientos políticos de izquierdas (especialmente socialdemócratas y socialistas), han llegado a desarrollar básicamente una misma idea política que se asocia con dos nociones interrelacionadas y contrarias a la vez: la política como actividad que se funda en la búsqueda del bien común y la política como una lucha por el interés y la ventaja.

Así, la política y el Estado giran alrededor de dos extremos dinámicos: la búsqueda de la comunidad, la solidaridad y el compromiso (consentimiento consciente), por un lado y del poder (fuerza) por el otro.

Pero hoy el Estado está dejando de ser el gran regulador de las relaciones sociales, buscando la concordia de la sociedad, en pos de objetivos comunes trascendentes como el progreso, el desarrollo social, etc., ya que esto puede concretarse sin su intervención, hacerse presente a través del mercado, sostienen sus teóricos y tecnócratas.

Sin embargo, las limitaciones de la autorregulación en el plano social, particularmente en el caso de las sociedades latinoamericanas, exigen constantemente apoyo mediante la intervención de la política y lo político. El mercado ha invadido la política, transformando el espacio, los modos de su acción y sus actores. Creyéndose dueños de la historia los grupos del poder han decretado su final: todo empieza y termina en el Dios mercado (Rauber, I: 2001)

Por eso, la construcción de un nuevo poder, el poder popular y la construcción del nuevo sujeto político, resultan aspectos capitales de un mismo proceso que, en la medida de su maduración, implicará acercamientos a tesis más universales en cuanto al programa de cambios sociales, cuestión que tomará más fuerza en la medida que se vaya logrando la articulación de los diferentes sujetos sociales y su vanguardia política, es decir, en la medida que éstos se vayan constituyendo en sujetos plenos y conformando colectivamente- el sujeto histórico de la transformación.

El verdadero poder popular ira apareciendo en escena, conforme confluyan luchas parciales, se unifiquen las fuerzas políticamente en lo esencial y avancen hacia la creación de un Estado diferente, contrario al Estado oligárquico-burgués. Desde este momento el poder popular unitario irrumpe en la escena, recrudeciendo el odio de la oligarquía y la extrema derecha, por lo que la defensa de nuestros avances se vuelve una prioridad nacional.

CONSTRUIR LA DEMOCRACIA POPULAR PENSANDO EN LA REVOLUCIÓN

Oscar A. Fernández O.

En el debate sobre el que hacer de la izquierda hoy, normalmente se interpone el alegato de que la desigualdad, la opresión y la miseria son hoy más grandes que nunca y eso demuestra que nadie ganó. Ocurre que esta posición hace tabla rasa de que la derrota fue más arrasadora precisamente, porque aun generando más hambre mundial y millones de desempleados, el capitalismo nos venció en todos los frentes. Es tan sólo una disculpa entreguista y una tesis que no se puede digerir.

Ahora bien, ¿cuál es el reto de la izquierda en El Salvador, para sostener y consolidar el poder?

Debemos de asumir la política como construcción de fuerzas y eso implica abandonar la visión acostumbrada de la política, que tiende a reducirla únicamente a lo relacionado con el régimen político-jurídico y a dramatizar el papel del Estado (visión neo-institucionalista); en esta visión caen tanto los sectores más radicales de la izquierda, como los más moderados: los primeros centran toda la acción política en la toma del poder político y la destrucción del estado y los más reformistas en la administración del poder político o ejercicio de gobierno. Todo se concentra en los partidos políticos y en la disputa en torno al control y la orientación de los instrumentos formales de poder; los sectores populares y sus luchas son los grandes ignorados. (Harnecker: 2000)

Repensar la construcción de las fuerzas sociales, es también superar la apretada perspectiva que reduce la soberanía a los aspectos prohibitivos del estado. El poder enemigo no es sólo represivo sino también constructor, moldeador, disciplinante (Ruíz: 1998)

Si el imperio de las clases dominantes sólo actuase como censura y exclusión, como ordenación de obstáculos o represión, sería más frágil. Si es más fuerte,  es porque además de evitar lo que no quiere, es capaz de construir lo que quiere; de moldear conductas, de promover saberes, discursos, conciencias; de inventar una forma de ver el mundo y de verlo a él mismo.

Considerar la construcción de fuerza, es también superar el antiguo y arraigado error de pretender construir fuerza política sin construir fuerza social.

Hablar de la institucionalización del neoliberalismo es hablar de la materialización de esa ideología en un modelo de Estado y de administración pública totalmente centrados en el mercado. De la fusión de esa ideología en las normas, los valores y principios que utilizamos para constituir la vida social. De la madurez y condensación de las ideas con las que, consciente o inconscientemente, determinamos y definimos lo socialmente bueno y malo, lo socialmente justo e injusto, lo socialmente legal e ilegal, y lo que se considera políticamente utópico y factible (Baltodano 2011)

Es hablar de un pensamiento político-económico, que expresa síntesis de los supuestos y valores básicos de la sociedad capitalista post industrial en torno al ser humano, el acaparamiento de la riqueza, la explotación de la naturaleza, la historia, el progreso, el conocimiento y la “buena vida”. Se establece así un orden de “derechos humanos”, sobre los derechos de los pueblos, como paso precisamente para negar el derecho a la mayoría de ellos.

Como acumulación de intensas luchas revolucionarias en la región en la segunda mitad del siglo XX, entre ellas la que protagonizara la entonces estructura político-militar FMLN, se produce hoy en el siglo XXI, una rebeldía de nuestros pueblos contra el ensayo neoliberal. Se origina un giro a la izquierda en América Latina, que cuestiona como aspecto central que nuestras naciones hayan sido “laboratorios sociales”, donde gobiernos entreguistas e inhumanos se subordinaran a una estrategia empobrecedora cuyo fin era garantizar la solvencia financiera del gran capital planetario.

Abreviadamente, con esa doctrina, se determina quién come y quién no come, quién va a ser pobre y quién va a ser rico, quién va a ser obeso  y quién va a morir de desnutrición, todo esto en equilibrio con los principios y transacciones del mercado global.

Los neoliberales, insisten en que debemos de aceptar que los recursos naturales estén controlados por multinacionales rapaces y que la corrupción generalizada sea una especie de castigo de los cielos que se debe asumir sin más. Debemos aceptar como legado el desprestigio de la política y las instituciones, una ciudadanía no solo empobrecida económicamente sino desinformada, manipulada y desorganizada como fruto de tantos años de represión y engaño. Debemos respetar escrupulosamente medios de comunicación, hostiles y monopólicos que convierten el ejercicio de la libertad de opinión en una farsa bufona. (García, 2006)

Como nunca en nuestra historia conocida, hoy se acortan las distancias entre pueblo y poder constituido. Se visualiza con claridad la necesidad de instalar un proceso de recuperación plena de la autoridad en el manejo de los sectores estratégicos de la economía y de nuestras riquezas naturales.

El proceso del cambio que hemos emprendido en El Salvador, debe culminar consolidándose como una nueva forma de vida conscientemente orientada, a modo de un proceso perfectible. Quizás sea ésta la idea que sustituya las relaciones sociales depredadoras construidas por el neoliberalismo y sirva de base para escalar a una sociedad mejor.

Esta sociedad que posibilite una vida conscientemente orientada por lúcidos líderes humanistas, por ejemplo, presupone la oportunidad de que sus ciudadanos decidan sobre el derecho de recibir del fondo social construido por la conjugación de los esfuerzos de toda la colectividad, lo que básicamente necesitan para reproducir sus condiciones de existencia digna, sea a través del salario laboral o de provisiones de seguridad garantizadas por el Estado.

Si esta decisión es consciente, el pueblo lo será también de las demás necesidades mínimas de cada ser humano y por tanto, presupone un beneficio para todos, además de una regulación ajustada a los valores que guían las relaciones de la solidaridad y al derecho de que el pueblo pueda decidir en condiciones de mínima igualdad, los rumbos de su existencia.

Cabe a aquellos que no nos conformamos con el actual orden mundial tutelado por los países ricos, que hoy se debate en una profunda crisis, plantear la necesidad de un Estado novedoso, que sin ignorar la realidad actual, no se subordine al capital financiero. Un proyecto que comprenda la aparición de un nuevo tipo de Estado, que privilegie y desarrolle la unidad dialéctica individuo-colectivo, que pueda ser consensuada, regulada, socializada en la dirección de la cooperación y de la solidaridad, para reconocer que la pluralidad y la diferencia sólo pueden ser garantizadas por una nueva dinámica pública, innovadora, revolucionaria, de participación popular, cuestión que tanto las obsoletas y descartadas derechas y las nuevas que emergen con peligrosos tintes fascistas, temen.

El desarrollo de la lucha revolucionaria en nuestros países, constata que el asunto crucial de del cambio debe conducir a la  edificación de la Democracia Participativa del pueblo, porque eso es devolver el poder usurpado históricamente por las elites burguesas, la capacidad de fijar su destino y enfrentar los procesos de acuerdo con sus intereses, con su nivel de conciencia y posibilidades de organización de lucha, para lo cual hay que proporcionarle una educación intensiva y progresiva que asegure dicha conciencia con  capacidad de  explicarse la realidad objetivamente, para poder transformarla.

Eso significa que el pueblo adquiere la capacidad de enfrentar las tareas históricas planteadas y maduras, y en la medida de su crecimiento en conciencia vaya abordando sus propios retos históricos, que habían sido ocultados y bloqueados debido a la enajenación de las masas producida por el orden dominante.

Para el éxito de esta obra, el Estado debe rediseñarse fuerte y socialmente efectivo, (no solo por una decisión coyuntural) donde prive el establecimiento de nuevas formas de participación y organización de la sociedad que relanzan la democracia formal y exclusivamente de élites (representativa, burocrática y decisionista) hacia una democracia protagónica, participativa.

La materialización íntegra de la democracia participativa, es el proceso de consolidar  todo el poder para el pueblo. La forja del poder popular ha venido ocurriendo de arriba hacia abajo, por la acción revolucionaria de una lucha que cuenta con miles de los mejores hijos e hijas de la patria que dieron su vida por ella, pero esto no ha sido suficiente hasta hoy, no obstante haber construido un gobierno progresista que por primera vez accede al Órgano Ejecutivo  en la historia de esta pequeña nación centroamericana. En el sistema en que vivimos aún existen trabas  y usurpaciones de los poderes tradicionales que a sangre y fuego han impedido la concreción de una sociedad equitativa, independiente y soberana.

Las nuevas democracias revolucionarias que germinan en América Latina  impulsan ya un mayor poder de decisión del pueblo soberano en los actos de gobierno, y para ello se han creado instrumentos que le permiten opinar y en algunos casos, decidir sobre cuestiones trascendentes. Estas acciones son para las oligarquías y sus aliados, una agresión a sus intereses omnímodos, que están dispuestos a desbaratar con métodos traicioneros y terroristas, en nombre de su  sacro santa libertad de mercado.

Sólo quienes temen perder los privilegios del poder y algunas fortunas de dudoso origen, temen por ejemplo a las consultas populares y a sus efectos vinculantes. La extrema derecha, con su careta “de oposición progresista”, sus eslóganes violentos e insultantes, su soberbia inveterada y sus apetencias de poder abusivo, son los más recalcitrantes enemigos de la democracia participativa, aliados con centristas y liberales de incierta reputación y voluminosos caudales. Es de sospechar que si algo les aterroriza, será rendir cuentas con el venidero fin de la impunidad que demanda el pueblo.

Una democracia firme solo puede construirse erradicando la opresión capitalista, eliminando la desigualdad y dotando a los ciudadanos de poder efectivo en todas las áreas de la vida política. Estas metas podrán alcanzarse con una democracia popular diferenciada del fracasado totalitarismo burocrático, que actualice los viejos ideales e implemente nuevas formas de participación pública. Las reformas en este proceso solo pueden ser válidas si constituyen los peldaños para llegar a la revolución adeudada.