jueves, 12 de noviembre de 2015

LA LOGICA SOCIO-JURIDICA DE LA REINSERCIÓN SOCIAL (En apoyo a la Ley de rehabilitación de pandilleros)


Prohibir una multitud de acciones indiferentes, no es prevenir
los delitos que puedan nacer de aquéllas, sino crear otros delitos nuevos.
Cesare Beccaria.

Oscar A. Fernández O.
El comienzo delictual del individuo se ha estado estudiando por diversos medios de investigación, pero no se ha podido obtener un resultado exacto y concreto del comportamiento de origen y la causa que influyen en el individuo a cometer hechos delictivos.
La explicación científica ha llevado a determinar varias hipótesis de las causas que llevan al ser humano a delinquir; se dice que son muchos los factores que influyen en él como por ejemplo, la deserción escolar a temprana edad, la falta y carencia de recursos económicos, el abandono a temprana edad del hogar, violencia intrafamiliar, traumas Psicológicos, consumo de drogas y alcoholismo y mala influencia del entorno, falta de oportunidades laborales, decepción personal del individuo que no acepta vivir en semejantes condiciones de carencia y marginación, analfabetismo, tener como referencia al padre o madre que lo envuelven y refleja e incitan a llevar el mismo camino de la delincuencia, tener una visión de vida fácil alentada por el consumismo del sistema, entre otras.
Al delincuente lo vestimos con los harapos de nuestra indiferencia, le sancionamos a veces con medidas punitivas inadecuadas y desfasadas, le buscamos un vertedero lejos de nuestro roce, porque, aunque reconozcamos que es un ser humano, dudamos de esta realidad y no nos interesa su convivencia.
De esta forma, podemos constatar que el delincuente se puede formar por diversas condiciones que lo determinan a un sistema social adaptado a su medida, o sea a su propia cultura y forma de existencia. Hoy en día las cárceles del país sirven como verdaderas escuelas de profesionales delincuentes a futuro ya que no proporcionan la ayuda adecuada y capacitada para lograr un mejoramiento por completo de parte del sujeto. El concepto de encerrar para castigar, que recuerda el viejo pensamiento feudal de “la mazmorra”, debe ser repensado.
También se puede comprobar aún, que los Estados hasta hoy no poseen las herramientas necesarias para lograr una rehabilitación adecuada al sujeto, ya que no les ofrece mayores expectativas de vida, los capacita en trabajos pero no los acompaña al momento de reinsertarse en la sociedad una vez que han cumplido su condena.
El estado de rechazo social es un efecto inevitable de la pena. Este efecto está determinado por un proceso social de estereotipia: el prejuicio y la discriminación. Es necesario un urgente cambio de actitud social en lo que afecta al delincuente. El apoyo de la sociedad a la reinserción, debe proceder, entre otras razones, de la compensación colectiva por los perjuicios excesivos ocasionados en la aplicación de la pena; y por el compromiso moral de la comunidad en el trato y solución de todos los problemas sociales, los cuales producen marginación y exclusión de muchos sectores de la población, lo cual se percibe y define como violencia del sistema contra ellos.
Georgio Del Vecchio (1954) afirma: “El delito no es solamente un hecho individual del cual debe responder su autor en la medida de lo posible, sino que es también, en sus formas más graves y constantes, un hecho social que indica defectos y desequilibrios en la estructura social en que ha tenido origen”
O como decididamente lo expone John Dewey (1977): “Toda nuestra tradición cultural con respecto a la justicia punitiva, tiende a negar nuestra participación social en la generación del crimen y se adhiere a la doctrina de un metafísico libre albedrío. Exterminando a un malhechor o encarcelándolo tras muros de piedra, podemos olvidarnos de él como de nuestra participación en haberlo creado” (Sic!)
Sin el sarcasmo literario de Dewey, dice el Jurista y Profesor Alejandro Balcázar (2010) pero sí identificándose con su postulado, el documento de trabajo de la Secretaría de las Naciones Unidas preparado para la reunión del Consejo Consultivo sobre la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, y el Instituto Nacional de Justicia para la Prevención del Delito (NIJ) miembro de la ONU, declaran que convendría que la investigación etiológica de la criminalidad se ocupara primordialmente no de la conducta delictiva en sí, sino de la conducta en la medida en que se ve influenciada por la intervención de las fuerzas sociales y económicas.
“La conducta delictiva ha de considerarse como parte de la conducta social y no como una esfera de interés aislada que tenga que estudiarse en el vacío. Con esta perspectiva, la investigación aclarará los puntos firmes y débiles de la estructura social, el funcionamiento de los grupos dentro de la sociedad y las fuerzas que continuamente remodelan las pautas de acción recíproca de los individuos en esta sociedad” (NIJ: 1995)
Frente a estos planteamientos, se puede adquirir una falsa consciencia de culpabilidad social absoluta en la criminogénesis [etiología del delito] y en la concatenación ineludible del delincuente a los condicionamientos sociales. No obstante, en el estudio de las conductas criminales aflora generalmente una participación genética en la que comparte, en distintas medidas, tanto el determinismo social como el personal. El hombre debe asumir la responsabilidad frente a sus propios actos; pero la sociedad no debe eludir el interés de conocimiento de la imperfección de las estructuras defectuosas que pueden facilitar la ejecución del delito, como la exclusión social y la marginación.
La rehabilitación y reinserción del delincuente, a su sociedad, suele encontrarse dificultada por dos factores fundamentales: 1. Por la actitud de rechazo de la sociedad frente al delincuente; y, 2. Por la predisposición psicológica del delincuente (pandillero), para sentirse rechazado por ella y el temor a ser castigado si se somete al proceso que dispone la Ley de rehabilitación y reinserción.
El primer factor -la actitud negativa del ciudadano honrado y correcto frente al que ha delinquido- se produce, significativamente por dos razones:
1. Porque ha sido afectado personalmente por el delito; y, 2. Porque, sin haber sido afectado, pertenece a una comunidad que sanciona socialmente el delito, sostienen varios juristas en estudios socio-jurídicos y criminológicos realizados en América Latina.
Estas actitudes dentro de una dimensión normal son positivas. La del sujeto afectado por el delito, porque ha sufrido un perjuicio en su propia persona o en su patrimonio afectivo, moral o económico. La de la colectividad, porque significa una vinculación al orden social y una prestación personal colectiva de actitudes e ideas coadyuvantes a la defensa de la comunidad frente a la agresión de la delincuencia.
Pero cuando estas actitudes superan el límite de la medida ética, y la de lo moral y lo justo en el rechazo del delincuente, convirtiéndose en actitudes negativas inflexibles, surge una postura social que crea una problemática definida por un estado de patología social.
La escala de valores que la sociedad acepta, excluye totalmente las actividades agresivas, pero conduce muchas veces –por esta misma exclusión- al hombre autor de la agresión, hacia una evidente discriminación. Hay que pensar que, considerado el problema desde el ángulo sociológico, las discriminaciones quedan determinadas como consecuencia de la estructuración de las categorías sociales y que la valoración que se da al delincuente le excluye de toda jerarquía clasificándole como un desclasado.
El delincuente carece de status. No tiene categoría social porque, en la estimación del mismo, los criterios valorativos que se le aplican son totalmente negativos. En la nula concepción de la categoría del delincuente, el estereotipo juega una participación definitiva. El prejuicio que se forma en torno del sancionado se hace de una manera preestablecida en la conciencia social, endureciendo el discernimiento adverso, la incidencia constante y el desarrollo negativo de la opinión pública. El delincuente llega por este camino a ser una minoría social, una categoría desfavorecida y marginada. Recuperar el status o adquirir uno nuevo representa para el delincuente un gran esfuerzo generalmente fallido.
La postura universal en la solución de este problema tiende a crear una opinión pública justa y consciente frente a la situación del interno en los establecimientos penitenciarios, y, sobre todo, en lo que respecta a los liberados. Como consecuencia de esta incidencia en la opinión pública, y como resultado de los estudios criminológicos se ha llegado a la conclusión de que el lugar más efectivo para conjurar el delito es en su proceso etiológico, y no contra el delincuente como autor responsable del mismo.
Finalmente queremos subrayar, que la Ley Especial para la prevención, retiro y rehabilitación de miembros de maras o pandillas, no es una vía para forma alguna de amnistía o perdón a aquellos que han cometido delitos tipificados en el Código Penal vigente.
Que lo que la presenta ley persigue, a través de las instituciones públicas correspondientes, es el abandono, de forma obligatoria en algunos casos o por decisión del implicado o su familia, si se trata de un menor de edad, de la llamada mara o pandilla, por medio de los instrumentos y mecanismos necesarios para su rehabilitación y reinserción social.
Que especialmente cuando se trate de menores de edad que deban abandonar la estructura criminal y se sometan al régimen de rehabilitación y reinserción que establece la ley, el proceso deberá involucrar decididamente a los padres o familiares más cercanos que puedan ejercer la tutela del menor. Los parientes deberán acompañar al menor durante todo el proceso de rehabilitación hasta su satisfactoria reinserción social y serán garantes de que él menor no reincida o se coloque al margen de la ley, con la supervisión del Estado.
Que la Ley ha de involucrar decididamente también, más allá de las instituciones públicas, a las instituciones privadas para generar oportunidades reales de reinserción social adecuada en forma de empleo, estudio u otras actividades formativas y que produzcan rédito social.
Que esta ley es parte del complejo sistema en construcción para la armonía y la convivencia pacífica, y la recuperación de la presencia decidida del Estado, en todo el territorio nacional, lo cual debe entenderse no como la ocupación militar del territorio, sino como la reconstrucción de la decidida actuación y responsabilidad fundamental del Estado en el progreso social.

lunes, 2 de marzo de 2015

POSMODERNISMO Y COLONIALIDAD DEL SABER


Caso tras caso, vemos que el conformismo es el camino fácil,
y la vía al privilegio y el prestigio; la disidencia trae costos personales.
Noam Chomsky
Oscar A. Fernández Orellana.
En las discusiones políticas y en diversos campos de las ciencias sociales, han sido evidentes los apuros para formular alternativas teóricas y políticas a la preponderancia total del mercado, cuya defensa más oportuna ha sido formulada por el neoliberalismo.

Estas dificultades se deben, en una importante medida, al hecho de que el neoliberalismo es debatido y confrontado como una teoría económica, cuando en realidad debe ser comprendido como el discurso hegemónico de un modelo civilizatorio, esto es, como una extraordinaria síntesis de los supuestos y valores básicos de la sociedad liberal moderna en torno al ser humano, la riqueza, la naturaleza, la historia, el progreso, el conocimiento y la buena vida.


Las alternativas a las propuestas neoliberales y al modelo de vida que representan, no pueden buscarse en otros modelos o teorías en el campo de la economía ya que la economía misma como disciplina científica asume, en lo fundamental, la cosmovisión liberal (CLACSO: 1993)


Por ejemplo, a los disidentes del socialismo y la revolución, les incomoda oír expresiones como la existencia de la explotación, imperialismo, lucha de clases, oligarquía y explotadores. Se muestran furiosos y despotrican cuando alguien les trata de hacer ver que las clases sociales son una realidad innegable.
Los grandes intelectos de la posmodernidad, los religiosos del catecismo neoliberal, dicen tener argumentos de peso para desmontar la tesis de la vigencia como categorías de análisis, de las estructuras sociales y de poder. Por su poca claridad, sólo es posible identificar, con cierto grado de sustancia, dos tesis, sostiene Marcos Roitman (2010)
Las demás se encuentran en la basura de las ciencias sociales. Son epítetos, insultos personales y críticas sin estatura intelectual, como las que suele usar en sus desvaríos políticos, ARENA.
La primera tesis establece que la argumentación explotados-explotadores es una fantasía, por tanto, todos sus derivados, entre ellos las clases sociales, son conceptos anticuados que solo sirvieron para alborotar al mundo el siglo pasado. Es mentira, ya no hay clases sociales, y si las hubiese, son restos de una guerra pasada. Desde la caída del muro de Berlín hasta nuestros días las clases sociales están destinadas a desaparecer, si no lo han hecho ya, sostienen.
El segundo argumento, consecuencia del primero, nos sitúa en la extinción de las ideologías y principios que les dan sustento, es decir el marxismo y el socialismo. Su conclusión es indiscutible: los dirigentes sindicales, líderes políticos e intelectuales que hacen acopio y agitan la bandera de las clases sociales antagónicas, para describir luchas y alternativas en la actual era de la tecnología y la información, viven de espaldas a la realidad. Melancólicos, enfrentados a molinos de viento que han perdido el tren de la historia. Para seguir adelante hay que modernizar, innovar, buscar conceptos en un mundo deslumbrante y alucinante como el de hoy.
Sin duda en las dos últimas décadas del siglo XX y la primera del XXI han emergido procesos sociales, económicos, políticos y culturales que no sólo han reinventado la realidad, sino los conceptos para describirla. Ello no es un hecho novedoso. La historia está llena de estos acontecimientos donde se inventan palabras. Basta leer libros de tecno-ciencias, informática, bioquímica o neurociencias para comprobar lo dicho. Incluso una academia tan conservadora como la española de la lengua se ve obligada, cada cierto tiempo, a incorporar voces que emergen de la vida diaria hasta convertirse en una realidad difícil de soslayar. Pero nuevas terminologías no invalidan las ya existentes. Pueden complementar o enriquecer el lenguaje. Pero, ante la infinidad de trampas ideológicas con que nos atrapa el capitalismo, debemos de desarrollar nuestro discernimiento y averiguar que se encuentra detrás de cada uno de estos nuevos significados.
La cultura mundial de los medios de comunicación uniformiza y reduce el planeta. Los diseñadores y promotores de esta cultura dedican cantidades ingentes de energías y dinero al estudio de la influencia y condicionamiento de las conciencias a través de los medios. El análisis de esta actividad revela que a través de ella se pretende crear el tipo de ser humano más conveniente para el sistema capitalista de producción y consumo. El objetivo ha sido convertirnos a todos en apéndices del mercado. Es lógico, por tanto, que la "publicidad comercial", constituya uno de los componentes fundamentales de la cultura actual (Romano: 1993).
La perversión del lenguaje, la manipulación de las palabras y la apropiación interesada de los conceptos, se han convertido en una de las principales formas de corrupción de nuestro tiempo. La corrupción semántica desfigura el sentido de las palabras para que signifiquen lo contrario de lo que quieren decir y se ajusten a los intereses particulares de quien las emplea.
La posibilidad de caer en el absurdo a la hora de renombrar objetos, oficios y situaciones, está a la orden el día. Los casos son variados. Así, nos podemos encontrar que un cocinero se ha convertido en un renovador de alimentos; los recreos en los patios de los colegios han pasado a denominarse segmentos lúdicos y las tiendas se consideran como mercados de conveniencia, un vendedor es un ejecutivo de ventas y cualquiera que pone un negocito para sobrevivir, es un “emprendedor”. Esta moda sólo aporta confusión.
No es lo mismo un concepto viejo que otro anticuado. El imperialismo sigue existiendo, por mucho que les moleste a quienes plantean su muerte en beneficio de la llamada interdependencia global o globalización. Su definición sigue siendo válida en tanto explica a) la concentración de la producción y del capital que dio origen a los monopolios; b) la fusión del capital bancario e industrial y la emergencia de una oligarquía financiera (el poder del dinero que no se ve); c) el poder hegemónico de la exportación de capitales frente a las materias primas; d) la formación de las trasnacionales y reparto del mundo entre las empresas; f) las luchas por el control y el reparto territorial del mundo entre países dominantes; g) las formas de internacionalización de los mercados, la producción y el trabajo; y finalmente la reducción de la capacidad de los Estados y el sometimiento de estos al virtual “Estado transnacional”.
Los cambios experimentados por el imperialismo señalan su versatilidad y capacidad de adaptación en medio de los cambios profundos que sufre el capitalismo. La globalización como concepto no sustituye al imperialismo como una realidad. Sin embargo, entender que el imperialismo actual dista del imperialismo del siglo XIX, es de sentido común y no requiere de muchas conjeturas.
El imperialismo goza de buena salud. Otro tanto ocurre con el concepto de clases sociales. En la actualidad muchos científicos sociales prefieren hablar de estratificación social y estructuras ocupacionales antes que acudir al concepto de clases sociales para explicar las desigualdades, la pobreza o la indigencia. Los ejemplos pueden continuar. También los conceptos de explotación y colonialismo internos han caído en desgracia, aunque la semi-esclavitud, la trata de blancas, el trabajo infantil y el dominio “de las razas superiores” sean una realidad cada vez más extendida en el planeta. De esta forma, negar la existencia de la lucha de clases, resulta casi kafkiano.
Es estas circunstancias adversas para el pensamiento crítico en América Latina, donde nace, plantea una nueva realidad que trata de explicar este rechazo al uso de conceptos y categorías provenientes de la tradición humanista y marxista: la colonialidad del saber y del poder (Aníbal Quijano: 2000)
Bajo el manto de parecer posmodernos, integrados a la llamada sociedad de la información y partícipes de la globalización neoliberal, se renuncia a ejercer el juicio crítico. Es más cómodo dejar de pensar, apoyándose en una supuesta caducidad de los conceptos, que darse a la molestia de averiguar cuáles son y han sido las transformaciones sufridas por las clases sociales durante las últimas décadas. Ello supondría reflexionar, atributo del cual carecen los nuevos robots alegres del pensamiento único (Roitman: 2010)
La mediación efectuada por el pensamiento único re­duce las contradicciones hasta el punto de eliminarlas. Su misión es la unificación de lo que se presenta dividido, dis­gregado. El pensamiento diferenciado, crítico, se realiza, sin em­bargo, como toma de conciencia de la realidad plural y con­tradictoria. Este tipo de conocimiento exige el esfuerzo constante por aplicar el instrumento de la razón al dominio de su entorno. Especial obligación de ello tiene el liderazgo político de izquierdas.


jueves, 11 de diciembre de 2014

Mensaje de Fin de Año de la Junta Directiva de la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Universidad de El Salvador, APTUES periodo 2013 – 2015



  1. Introducción
La Junta Directiva de la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Universidad de El Salvador, APTUES periodo 2013 – 2015 saluda fraternalmente a todos sus miembros en estas celebraciones de Fin de Año.

El papel más importante de la Asociación es la promoción de los derechos de los Profesionales y Técnicos del sector Administrativo de la Universidad de El Salvador, enalteciendo sus más altos valores mediante la participación activa, conducente al fortalecimiento del sector.

Durante esta gestión, esta premisa fundamental se ha cumplido en varios aspectos: aunque faltan muchos compañeros aún, se ha desarrollado una campaña de afiliación personalizada y se ha realizado una serie de trámites administrativos para la inscripción de la Asociación y sus miembros ante el Ministerio de Gobernación, con el propósito de otorgarle carácter legal a la membresía de la Asociación.

En consecuencia, se ha realizado un conjunto de trámites para la aplicación del descuento de cuotas por medio de la tesorería de la UES y la apertura de una cuenta corriente y de ahorro, en la cual se captan estas cuotas. Paralelamente, se mantienen al día las declaraciones de la renta y patrimonio de la Asociación en el Ministerio de Hacienda.

Estas actividades se enmarcan en el desarrollo de los instrumentos técnicos y legales que permitirá a APTUES realizar un esfuerzo organizativo más eficiente y consistente en relación a las demandas del Sector Administrativo extensivamente.

  1. Actividades relevantes
Las actividades que se han mencionado antes han servido para ordenar algunos procesos administrativos en la Asociación. Pero una vez solventados estos aspectos, se ha efectuado una revisión de temas que resultan trascendentes para el sector.

La primera acción se ha encaminado a establecer presencia en el ámbito de organismos de dirección de nuestra Alma Mater: AGU, CSU y decanatos de diferentes facultades, para promover una agenda que originalmente consta de ocho puntos. Se ha destacado de esta agenda los tres puntos más importantes:
  • Incorporación del 31% a nuestro salario
  • Creación de la partida presupuestaria para el pago del pasivo laboral
  • Aplicación del sistema de escalafón con las nuevas tablas salariales

Para impulsar procesos de lucha extensivos, se ha promovido la creación de la Mesa Intergremial Laboral Universitaria que busca fomentar una agenda única de lucha del sector laboral de la UES. En esta mesa concurren organizaciones de trabajadores administrativos y de docentes. En ese marco, se han visitado varias facultades, incluida la facultad Multidisciplinaria de Occidente. La Asociación también participa en la mesa laboral de FESPADE con el propósito de establecer alianzas con entidades análogas a APTUES.

  1. Proyecciones
El próximo año será decisivo para la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Universidad de El Salvador, ya que se presenta una coyuntura muy importante y trascendental: la elección de Rector, Vicerrectores y Decanos de las diferentes facultades.

Estos eventos demandan el fortalecimiento de la organización en términos cuantitativos y cualitativos, para exigir que el sector administrativo pueda adquirir el derecho a voto e incidir en la elección de las fórmulas que propongan el mejor proyecto para el desarrollo de la Universidad.

Pero también, para que se reconozcan a los trabajadores lo siguientes aspectos:

  • Derechos económicos
    • Consecución del décimo cuarto salario el próximo año.
    • La lucha por décimo tercero salario
    • Definición de nuevas plazas en ley de salario para profesionales que están por contrato.
    • Diseños de políticas de promoción de los nuevos profesionales.
    • Establecer rubros para el pago de la indemnización (pasivo laboral)

  • Derechos políticos laborales
    • Recibir constantemente, bajo programación, cursos de formación, capacitación y actualización en áreas relacionadas con la función que desempeña.
    • Permiso para participar en actividades gremiales.
    • Asociarse libremente en las organizaciones sindicales o profesionales legalmente constituidas, para su crecimiento profesional y la defensa de sus intereses laborales, económicos o sociales.
    • Participar activamente en la organización de la dependencia en que presta sus servicios, sin menoscabo de las competencias establecidas por la Ley.
    • Ser reinstalado en el cargo que ocupaba conservando sus derechos, en caso de ser separado del mismo sin causa justificada o sin el fiel cumplimiento de los procedimientos legales.
    • En el caso de los directivos gremiales centrales, legalmente elegidos, gozar de licencia por el tiempo necesario para que puedan desempeñar las misiones indispensables en el ejercicio de su cargo directivo.
    • Estabilidad en el cargo, de conformidad al artículo 48 y 49 de la Ley Orgánica de la Universidad.
    • Permuta o traslado voluntario, con la finalidad de seguir estudios, mejorar sus condiciones de trabajo o por razones de conveniencia familiar, en armonía con las necesidades de la Institución.
    • Recibir información oportuna respecto a becas, premios y distinciones honoríficas, nacionales o internacionales y demás estímulos a que se hagan acreedores, así como de recibir el apoyo correspondiente para desarrollar proyectos culturales, académicos, científicos y sindicales en forma individual o colectiva.

  • Derechos sociales
    • Becas de conformidad al reglamento respectivo y abono a su tiempo de servicio, lo que duren sus estudios como becario, cuando gozare de beca legalmente autorizada por la Universidad.
    • Exención de pagos de matrícula y cuotas de escolaridad, cuando realice estudios de pre-grado y posgrado dentro de la Universidad.
    • Luchar por la creación de un Centro de Desarrollo Infantil Universitario.
    • En el caso del Personal Administrativo no docente, contar con la dotación de uniformes como mínimo cada año y como máximo cada dos años.

  1. Conclusión
El componente principal de la agenda de APTUES es la implementación de un debate reflexivo y propositivo, que conduzca a generar acuerdos consistentes y viables, apegados a objetivos. Es decir, los retos para el próximo año 2015 están planteados. Pero el compromiso para la consecución de estos objetivos atañe a todo el sector. ¿Cómo APTUES puede lograrlo? Creando comisiones de trabajo, que posibiliten avanzar en las propuestas de plataforma de lucha. Algunas comisiones propuestas son:

  • Comisión de trabajo para redefinir el reglamento de escalafón
  • Desarrollar el proyecto de la creación de un CDI.
  • Proyecto del manejo de los desechos sólidos.
  • Comisión de trabajo para elaborar un programa de capacitaciones 2015
  • Otras comisiones que emanen de propuestas de la base.

miércoles, 3 de diciembre de 2014

RESCATAR LA UES: UN COMPROMISO HISTÓRICO

La desvalorización del mundo humano crece
en razón directa de la valorización del mundo de las cosas.
Carlos Marx
(Manuscritos económicos y filosóficos 1844)


Oscar A. Fernández O.
La Universidad de El Salvador deber volver a ser la más importante fuente de formación ética de la sociedad y como organismo público autónomo, compensar su misión batallando por la igualdad de todos ante la cultura.
Y es que los universitarios estamos obligados a creer en la fuerza de las palabras, de las ideas y de los conceptos por encima de la fuerza irracional de las armas y los dogmas; creer en la fuerza creadora del significado por encima de las desmesuras del poder; creer en la fuerza de la reflexión humanista por encima de cualquier fanatismo político, religioso o moral; creer en el análisis y la comprobación por encima de la aceptación obediente de consignas. Somos enteramente críticos frente a los hechos, por más obvios que parezcan.
Debemos creer y luchar, en suma, por una Universidad comprometida con el desarrollo del pueblo, que albergue el pensamiento crítico emancipador y democrático, y lo ofrezca generosamente a la comunidad.
Esta es nuestra tarea: pensar, ayudar a pensar, educar en la razón y en la libertad, imbuir el espíritu de honradez intelectual, crear y recrear expresiones de cultura, formar personas éticamente responsables y lograr que la educación sea el medio por excelencia para la edificación de una sociedad democrática y humanista.
No son pocos ni menores los problemas que gravitan sobre la enseñanza pública y sobre la UES. Junto a las dificultades propias de una globalidad económica y cultural que avasalla los espacios locales y nacionales, también afrontamos incomprensión, recelo, suspicacia y temor.
Para dar respuesta, es preciso formar una comunidad universitaria sólida y solidaria; es preciso fortalecer la presencia de esta comunidad académica en la sociedad, en las instituciones públicas y privadas, pero particularmente es de primer orden que la docencia, la extensión y la investigación correspondan con el desarrollo social necesario para el país. La Universidad debe salir en defensa de los cambios profundos que necesita El Salvador, en pro de la justicia, la libertad y la igualdad.
La defensa de la Universidad Nacional, no ha de ser una argumentación aislada, una reiteración de frases hechas, sino un sistema bien ordenado de razones y argumentos basados en la seriedad académica, en el pensamiento político de avanzada, en la calidad de alumnos, maestros e investigadores, y en los valores que tiene una educación emancipadora.
Sobre todo en épocas de crisis e incertidumbre, no hay mejor inversión que la destinada a la educación. Por tanto, la defensa responsable de la Universidad es la defensa de la civilización y la cultura, la defensa de la democracia popular y sus valores, particularmente el diálogo, la tolerancia, la igualdad y la participación.
Nuestra propuesta general es que consolidemos la presencia de la comunidad universitaria en el desarrollo cultural y social del Estado salvadoreño que en esencia debe ser el pueblo organizado; que la fortalezcamos mediante la generación de conocimientos, prácticas y valores que hagan de la cultura un bien público.
Necesitamos reiterar el proyecto de una Universidad socialmente pertinente, financieramente viable y públicamente responsable. Para ello debemos desarraigar mitos, uno de ellos, la inadecuada comprensión del principio de autonomía. Este debe ser asumido no como extraterritorialidad, sino como el derecho de autogobierno al servicio del país, con la conciencia añadida de que no hay derecho sin responsabilidad, esto es, no hay autonomía razonable sin rendición de cuentas obligada. Y esa no es únicamente una rendición de cuentas financiera o funcional, sino también moral y cívica: la autonomía de la Universidad, que hay que defender, debe protegerla también de la colonización de los claustros por ideologías ciegas e intolerantes y por intereses políticos minúsculos que, paradójicamente, terminan alejando a la Universidad de su preocupación por la cosa pública y divorciándola del pueblo.
Tenemos, en primer lugar, un compromiso con la educación científica. Comprender los fines, definir los medios y manejar adecuadamente los recursos, son los conceptos que delimitan nuestra responsabilidad y fortalecen la verdadera autonomía universitaria. Tenemos, desde luego, un compromiso con la gestión de recursos para que la Universidad cumpla dignamente con sus fines y garantice la satisfacción de sus obligaciones laborales.

En este sentido, es preciso responder con una administración ordenada y transparente; es preciso revisar la estructura administrativa y las funciones, adecuar los espacios, erradicar inercias, deshacer burocratismos y desmantelar prácticas arbitrarias; es preciso renovar el espíritu de comunidad, mover las voluntades dispersas y articularlas en torno de grandes objetivos, despertar el gusto por la lectura, la seriedad de la investigación, el hábito del diálogo y el debate; promover la acción política y motivar la generosidad del conocimiento, haciendo de la Universidad una Institución abierta al tiempo y al mundo.

El liderazgo de la autoridad universitaria deberá propiciar el entusiasmo por la enseñanza y el aprendizaje, por la investigación compartida, por la extensión del conocimiento, por la difusión de la pluralidad cultural, por el humanismo, el pensamiento crítico y la solidaridad, para ayudar a construir una sociedad consolidada en los valores de la convivencia pacífica, la igualdad y la justicia.

Superar el lamentable estado en que se encuentra nuestra Alma Mater, exige reconocer que en este momento no tenemos un modelo de universidad que haya sido el resultado de un cuidadoso diálogo entre Estado y sociedad. Existen los residuos dejados por la decadencia de un modelo anterior y,  de otra parte,  los nuevos aditamentos de un pseudo-modelo nuevo, resultante de una visión oportunista o, en el mejor de los casos, irreflexiva y cegada por el fetichismo empresarial. Debemos, pues, reconocer la necesidad de plantear un modelo distinto que rompa con ciertos mitos paralizantes  para así  revitalizar a la UES. 

Nuestra convocatoria es que iniciemos una reflexión sobre la Universidad Nacional para una nueva sociedad democrática; una reflexión sobre la presencia que ella debe tener en un mundo abierto, complejo e incierto; una reflexión sobre el potencial que tiene la ciencia, el arte y la educación en la construcción de una sociedad menos injusta.

Tenemos un compromiso con las reformas políticas y sociales del Estado, en especial con aquellas que refuercen la distribución equitativa de recursos y un nuevo marco de relaciones entre la sociedad y las instituciones públicas. Tenemos un compromiso en materia de planeación, vigilancia y evaluación del desarrollo integral del Estado. Es mucho lo que la Universidad puede aportar en la determinación de prioridades y en los modos de atenderlas. Hagámoslo!

El desafío humanista de la Universidad es el liderazgo de la inteligencia de una sociedad en movimiento y transformación permanente.

Pero entendamos que ninguna propuesta puede ser válida, sin tomar en cuenta nuestra historia y nuestras mejores tradiciones. En ese marco se inscriben estas líneas, que apenas garabatean la posibilidad de otro futuro para la UES, el cual debe repensarse y rehacerse en un tiempo histórico caracterizado no tanto como época de cambio sino, más bien, como cambio de época.


PROCLAMA DEL MOVIMIENTO UNITARIO POR EL RESCATE DE LA UES

Las ideas no necesitan ni de las armas, en la medida
en que sean capaces de conquistar a las masas”
Fidel Castro


Oscar A. Fernández O.

Es necesario reiterarlo y demostrarlo: la Universidad de El Salvador (UES) asume su compromiso histórico con la cultura, con la educación y con la construcción de la democracia popular y la cultura de la libertad, la justicia, la igualdad y la solidaridad. Es necesario recordarlo y demostrarlo: la Universidad pertenece al pueblo salvadoreño, la Universidad Nacional es un bien de todos y todas las salvadoreñas; la Universidad debe trabajar para el pueblo y su razón de ser es el pueblo.
La Universidad es el más valioso patrimonio cultural, el más digno de los afanes colectivos, el más sensible de los esfuerzos del valiente, noble y trágicamente mal tratado pueblo salvadoreño.
Los derechos constitucionales que definen la autonomía universitaria nos hacen doblemente responsables: de un lado, somos responsables de un honrado y escrupuloso ejercicio de los recursos públicos; del otro, somos responsables de un esfuerzo creciente por educar y formar ciudadanos comprometidos con la convivencia democrática, el desarrollo social, la solidaridad y con la equidad en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones, para que prevalezca la razón y la justicia sobre cualquier otra cosa.
Tarea social por excelencia, la formación científica de la juventud, está presente en los medios y los fines de nuestra Alma Mater. No podemos ser ni existir sino para corresponder a las expectativas de profundidad académica que nos exige el desarrollo científico humanista de la sociedad.
La Universidad de El Salvador tiene una historia cultural y educativa que ha enriquecido la vida social, política y económica de la nación. Nos antecede una variada voluntad de cultura, una rica expresión artística, una diversidad de ideas y un empeño permanente por transformar la vida en común, desde una perspectiva histórica y social.
Lamentablemente todo esto fue arrasado por la irracionalidad de las dictaduras militares y la insensibilidad arrogante e intolerante de un modelo económico oligárquico productor de pobreza y atraso social, que golpea como nunca los cimientos de esta vilipendiada nación salvadoreña, frente a la impavidez cómplice de muchos que sirven a ese poder. Declarados enemigos de la Universidad y del conocimiento científico, han bloqueado su desarrollo, sumiéndola en el estancamiento, con intenciones de apropiársela para convertirla en una cantera de mano obra calificada, que apuntale su derruido proyecto político.
Nosotros, hijos de esta Universidad, también tenemos una cuota importante de negligencia en la deshonrosa situación que atraviesa nuestra madre casa de estudios, pues hemos permitido que en su seno campee la mediocridad, el oportunismo y la prevalencia en muchos casos, de los más aberrantes propósitos egoístas.
Sin embargo, la mayoría de estudiantes, profesionales, académicos, trabajadores y profesionales que hoy acudimos al llamado de la Alma Mater, seguimos formando parte de la actitud universitaria que a través de décadas antepuso la razón a la barbarie, las ideas a las armas, el diálogo al silencio, el conocimiento a la ignorancia y la resistencia crítica a cualquier forma de determinismo cultural o político, pero que también luchó a la par del pueblo, cuando tuvo que hacerlo. Por eso es menester recordar también, en nombre del avance cualitativo histórico de esta Universidad, a todos sus hijos e hijas que dieron la vida por la libertad del pueblo
Con esta misma convicción debemos construir la nueva era de la Universidad; orgullosamente pertenecemos a una comunidad universitaria capaz de afrontar el reto de fortalecer el liderazgo político y cultural de nuestra Educación y los cambios fundamentales que necesita este país.
Nos honra ser parte de una aspiración histórica largamente pensada y pacientemente edificada. Ha llegado el tiempo de mirar el porvenir. Hoy tenemos la responsabilidad urgente de reflexionar sobre la Universidad del Siglo XXI; es decir, sobre la Universidad que nos demanda la necesidad de construir una sociedad verdaderamente democrática y el desarrollo del pueblo, eneste tiempo.
Debemos agradecer, a quienes dirigieron nuestra alma Mater en tiempos pasados y gloriosos, y a quienes rescataron a la Universidad de las garras de la dictadura militar, sosteniendo y desarrollando su espíritu académico y lucha social en el seno mismo de una guerra civil sangrienta que se libraba contra los opresores del pueblo; a los insignes maestros que arriesgando sus vidas lograron desarrollar promociones de profesionales en la que se llamó la Universidad en el exilio, como símbolo de la resistencia valiente a la dictadura de turno que intentó destruir la Universidad.
En la cercanía, a quienes lograron abrir de nuevo las puertas del campus universitario después de la guerra levantando de las cenizas a la Universidad.
Nos enorgullece reconocer en especial a los célebres ex rectores, Félix Ulloa (Rector mártir, asesinado por la dictadura), Fabio Castillo (QEPD), Rafael Menjivar (QEPD), Luis Argueta Antillón, Dr. Benjamín López Guillen, Dra. María Isabel Rodríguez e Ingeniero Rufino Antonio Quezada Sánchez, a quienes hemos tenido el honor de conocer, colaborarles y compartirles nuestras ideas. Gracias en nombre de todas las generaciones de universitarios, por su esfuerzo y sus luces.
La brevedad no nos permite mencionar otros nombres de hombres y mujeres extraordinarios que siempre han luchado, en cualquier circunstancia, por una Universidad cualitativamente mejor en todos los aspectos. Vaya entonces nuestro reconocimiento merecido.
En general, debemos agradecer también, a quienes fundaron la Universidad de El Salvador, a quienes lograron la autonomía y ganaron el cogobierno, a quienes abrieron las ventanas para que entrase el viento fresco del conocimiento universal, a quienes han conseguido los espacios de dignidad para que miles de jóvenes reciban un legado de dignidad educativa.
Especial y efusivo reconocimiento hemos de expresar para nuestros hermanos y hermanas universitarias que incluso entregando su vida, lucharon por la libertad de nuestro pueblo, pariendo las ideas más diáfanas, humanísticas y revolucionarias que marcaron el rumbo en las distintas etapas de la lucha popular. No podemos menos que inmortalizar también, la memoria de cientos de nobles universitarios y universitarias que fueron masacrados por las salvajes dictaduras militares.¡Loor y eterna gloria a nuestros compañeros y compañeras caídos en la lucha!
La Universidad es la más importante fuente de formación ética de la sociedad. Como organismo público autónomo, satisface su misión de pugnar por la igualdad de todos ante la cultura.
Y es que creemos en la fuerza de las palabras, de las ideas y de los conceptos por encima de la fuerza irracional de las armas y los dogmas; creemos en la fuerza creadora del significado por encima de las desmesuras del poder; creemos en la fuerza de la reflexión humanista por encima de cualquier fanatismo político, religioso o moral; creemos en el análisis y la comprobación por encima de la aceptación obediente de consignas. Somos enteramente críticos frente a los hechos, por más obvios que parezcan.
Creemos, en suma, en una Universidad que albergue el pensamiento plural y democrático y lo ofrezca generosamente a la comunidad.
Esta es nuestra tarea: pensar, ayudar a pensar, educar en la razón y en la libertad, imbuir el espíritu de honradez intelectual, crear y recrear expresiones de cultura, formar personas éticamente responsables y lograr que la educación sea el medio por excelencia para la edificación de una sociedad democrática y humanista.
No son pocos ni menores los problemas que gravitan sobre la enseñanza pública y sobre la UES. Junto a las dificultades propias de una globalidad económica y cultural que avasalla los espacios locales y nacionales, también afrontamos incomprensión, recelo, suspicacia y temor.
Para dar respuesta, es preciso formar una comunidad universitaria sólida y solidaria; es preciso fortalecer la presencia de esta comunidad académica en la sociedad, en las instituciones públicas y privadas, pero particularmente es de primer orden que la docencia, la extensión y la investigación correspondan con el desarrollo social necesario para el país.
La defensa de la Universidad Pública, no ha de ser una argumentación aislada, una reiteración de frases hechas, sino un sistema bien ordenado de razones y argumentos basados en la seriedad académica, en el pensamiento político de avanzada, en la calidad de alumnos, maestros e investigadores, y en los valores que tiene una educación emancipadora.
Sobre todo en épocas de crisis e incertidumbre, no hay mejor inversión que la destinada a la educación. Por tanto, la defensa responsable de la Universidad es la defensa de la civilización y la cultura, la defensa de la democracia popular y sus valores, particularmente el diálogo, la tolerancia, la igualdad y la participación.
Nuestra propuesta general es que consolidemos la presencia de la comunidad universitaria en el desarrollo cultural y social del Estado salvadoreño que en esencia debe ser el pueblo organizado; que la fortalezcamos mediante la generación de conocimientos, prácticas y valores que hagan de la cultura un bien público.
Necesitamos reiterar el proyecto de una Universidad socialmente pertinente, financieramente viable y públicamente responsable.
Tenemos, en primer lugar, un compromiso con la educación científica. Comprender los fines, definir los medios, manejar adecuadamente los recursos y rendir cuentas al pueblo, son los conceptos que delimitan nuestra responsabilidad.
El liderazgo de la autoridad universitaria propiciará el entusiasmo por la enseñanza y el aprendizaje, por la investigación compartida, por la extensión del conocimiento, por la difusión de la pluralidad cultural.
Tenemos desde luego un compromiso con la gestión de recursos para que la Universidad cumpla dignamente con sus fines y garantice la satisfacción de sus obligaciones laborales.
En este sentido, es preciso responder con una administración ordenada y transparente; es preciso revisar la estructura administrativa y las funciones, adecuar los espacios, erradicar inercias, deshacer burocratismos y desmantelar prácticas arbitrarias; es preciso renovar el espíritu de comunidad, mover las voluntades dispersas y articularlas en torno de grandes objetivos, despertar el gusto por la lectura, la seriedad de la investigación, el hábito del diálogo y el debate; promover la acción política y motivar la generosidad del conocimiento, haciendo de la Universidad una Institución abierta al tiempo y al mundo.
Tenemos un compromiso con las reformas políticas y sociales del Estado, en especial con aquellas que refuercen la distribución equitativa de recursos y un nuevo marco de relaciones entre la sociedad y las instituciones públicas.
Tenemos un compromiso en materia de planeación, vigilancia y evaluación del desarrollo integral del Estado. Es mucho lo que la Universidad puede aportar en la determinación de prioridades y en los modos de atenderlas.
Nuestra convocatoria es que iniciemos una reflexión sobre la Universidad Públicapara una nueva sociedad democrática; una reflexión sobre la presencia que ella debe tener en un mundo abierto, complejo e incierto; una reflexión sobre el potencial que tiene la ciencia, el arte y la educación en la construcción de una sociedad menos injusta.
El desafío humanista de la Universidad es el liderazgo de la inteligencia de una sociedad en movimiento.
Asumamos en primer lugar el compromiso de la congruencia. Si pretendemos ser la conciencia ética de la sociedad, antes debemos ser la conciencia crítica de nosotros mismos. No hay crítica donde no hay autocrítica.
La sucesión rectoral ha sido el resultado de un proceso democrático de amplia participación. Hemos dado ejemplo de civilidad, propuesta y respeto. Ello nos hace más responsables. Ahora debemos elegir, seleccionar y evaluar los asuntos universitarios, de acordar cambios internas de fondo y de definir el perfil de Universidad que nos demanda el desarrollo cultural necesario para construir un nuevo El Salvador.
Tenemos la responsabilidad de ampliar la oferta y cobertura educativas, pero no tenemos derecho a crecer en detrimento de la congruencia y de la razón.
Tenemos la responsabilidad de afrontar el problema del financiamiento. Resulta impostergable el aumento en la cobertura de las becas estudiantiles; es preciso definir las garantías de estabilidad laboral y satisfacción de los derechos de pensión y jubilación, de los docentes y demás trabajadores, pero también es imprescindible garantizar el futuro económico de la Institución y el ingreso de las nuevas generaciones de aspirantes, a quienes hemos de formar adecuadamente.
No podemos postergar la solución de la viabilidad financiera de la Universidad. La inversión para la cultura, la educación y el desarrollo de la ciencia no puede seguir siendo mermada a riesgo de que sigamos encarcelados en el ostracismo y la mediocridad.
Tenemos el compromiso de ampliar los espacios y dignificar las condiciones de nuestros programas educativos y culturales, pero conviene que la presencia de la Universidad en todo el territorio nacional, sea el resultado de un amplio ejercicio de reflexión, planeación y pertinencia.
En esta virtud, la vitalidad universitaria se orientará a respaldar los mejores proyectos de investigación, a apoyar los esfuerzos de creación artística, a estimular el talento y la perseverancia, a privilegiar los méritos y a reforzar la vinculación de la Universidad con los problemas políticos, económicos y sociales de nuestro entorno.
La autonomía nos otorga un conjunto de derechos y nos impone a la vez un conjunto de obligaciones. Las libertades de cátedra y de gobierno no son privilegios, son responsabilidades. Los recursos que ejercemos son públicos y por tanto debemos administrarlos con honradez y transparencia. La rendición de cuentas deberá ser una práctica permanente.
El liderazgo democrático que debe ofrecerse tiene la obligación de tender puentes con las instituciones públicas. No nos interesa vencer sino convencer. Tenemos la certeza de que la educación universitaria es la aliada natural de los gobiernos democráticos. Sin una educación pública exigente, el Estado camina a ciegas y la sociedad transita hacia ninguna parte.
Así como el Estado debe ser el espacio donde cabemos todos, el sitio natural donde las personas libres aprendemos a convivir, así la Universidad es el espacio que ilustra la convivencia y da razón acreditada sobre las cosas del mundo.
Los fines de la Universidad son sin duda los fines más significativos de un Estado de justicia y de una sociedad democrática. La Universidad necesita el respaldo de ambos. Estado y Sociedad adquieren su más genuina legitimidad si hacen de su Universidad el espacio de humanismo y cultura de mayor prestigio público.
Necesitamos, al efecto, nuevas plazas de tiempo completo; nuestros profesores requieren estabilidad, formación profesional permanente y profunda, un sistema de becas e incentivos, la formalización institucional de los investigadores y el respaldo a sus trabajos. Junto a lo anterior, la investigación de alta calidad nos exige no sólo el respaldo económico sino el aprecio público al talento y la creatividad.
Es urgente fortalecer los cuerpos académicos y fomentar la vinculación interdisciplinaria de los proyectos, particularmente aquellos que apuntan a resolver problemas del desarrollo social en comunidades marginadas y los que se propongan la comprensión de los problemas políticos, económicos y sociales. La investigación científica constituye una función esencial del quehacer universitario. Es prioritario definir reglas específicas para la investigación y para los investigadores, definir objetos de estudio y vincularlos con las grandes prioridades del desarrollo del pueblo.
La avenencia democrática es el principio que rige el compromiso de mantener las cuotas bajas de los alumnos, de terminar con los pagos diferenciados y de respaldar la movilidad de los jóvenes. Es indispensable, en consecuencia, apoyar las iniciativas estudiantiles en materia política, cultural, deportiva, de servicio social y de participación en proyectos de investigación.
La vinculación de estudiantes y egresados con el trabajo es una responsabilidad institucional que estamos obligados a atender. Es cierto, la precariedad del empleo y la injusta distribución de los recursos son realidades que analizamos, explicamos y criticamos; pero no son pretextos para que la Universidad no explore los distintos modos como alumnos y profesionales pueden incorporarse al empleo, a la producción y a la dirigencia de actividades políticas, económicas y culturales del Estado y del país.
La extensión es la comunicación real, concreta, factible y efectiva de los proyectos universitarios con las expectativas culturales de la comunidad. La extensión debe llevar el conocimiento, la investigación científica y la reflexión política humanista a los espacios donde la sociedad demanda respaldo, asesoría, cultura, arte y ciencia. La inteligencia universitaria lo es realmente si trasciende el aula, el cubículo, el laboratorio,y es entregada a quienes en última instancia hacen posible la existencia de nuestra Alma Mater, el pueblo salvadoreño.
Educar en la verdad y en el honor mantiene la energía humanista de educar en igualdad y libertad, y para la igualdad, la solidaridad y la libertad de los pueblos
Nos corresponde pensar. Esto es lo que nos define. En cada espacio y momento de la Universidad viven la razón, la crítica, el cuestionamiento, la reflexión y la honorabilidad del pensamiento que escudriña, examina y verifica. Este es el más formidable de nuestros desafíos: ejercer el liderazgo académico y cultural de una sociedad democrática en un nuevo contexto mundial y nacional.
Ante la incertidumbre que provocan las nuevas realidades del mundo y del país, la respuesta universitaria reafirma su vocación de pugnar en todo caso por la humanización de la política, de la economía y de la sociedad. La ética es su estandarte.
Como sitio de honor del pensamiento humanista, la Universidad tiene el enorme reto de alzar la voz contra la injusticia, de abrir las puertas de la razón para combatir la sinrazón, para desentrañar la superstición, para denunciar el poder autoritario y cualquier forma de discriminación.
A la Universidad le corresponde brindar servicios académicos y formar mujeres y hombres libres que sean capaces de gestionar su propio bienestar espiritual y material, el de sus familias, y de enriquecer la vida colectiva con soluciones que al mismo tiempo sean realistas e imaginativas. Nos corresponde en lo cotidiano ganarnos el derecho de pertenecer a una comunidad cultural y científica de honorable historia.
Finalmente, nos corresponde el deber de satisfacer el derecho social a la educación y a la cultura, para una sociedad verdaderamente democrática, en la que prevalezcan los derechos del pueblo y desaparezcan los poderes fácticos supeditándose al Estado, es decir al poder del pueblo, el cual es inalienable, intransferible e insustituible.



lunes, 24 de noviembre de 2014

LA OLIGARQUÍA DE LOS MEDIOS Y SU “LIBERTAD DE EXPRESIÓN”


Tengo sed, tengo apetito de la luz,
y sólo trago sombra”

Pablo Neruda
(Defectos escogidos)


Oscar A. Fernández O.

Al respecto del papel de los grandes medios de comunicación en El Salvador, dos cuestiones son objetivamente demostrables: uno, que han pasado de ser conductos de información para convertirse en instrumentos de propaganda y contra-propaganda del poder capitalista y dos, que su ideología es claramente militante es decir, con un astuto pensamiento neoconservador y fascista. Su ataque permanente al actual gobierno del FMLN que trata de corregir las descomunales fallas heredadas de la crisis capitalista, es la mejor prueba de ello.

La prohibición del debate verdaderamente público de cuestiones relativas a la democratización de las comunicaciones por los grandes grupos dominantes de los medios, funciona como una censura disfrazada. Este es el “efecto silenciador” que el discurso de los grandes medios provoca exactamente en relación a la libertad de expresión que simulan defender.

Su estrategia ideológico-propagandista hoy reforzada con los adelantos tecnológicos de la llamada mass media, sostiene un discurso de justificación de la concentración de la riqueza, claramente a favor de la clase dominante a la cual pertenecen sus dueños y accionistas mayoritarios. Con la misma intensidad con que satura la opinión de los salvadoreños acerca de un pretendido fracaso en las políticas sociales recientemente impulsadas (por primera vez en la historia) y clama por la consolidación del poderío del mercado, arremete contra cualquier manifestación de cambio, incluso progresista.

Desde la firma de los acuerdos de paz que propician la participación política legal del FMLN, la gran empresa de los medios escritos, radiados y televisivos ha mostrado una marcada tendencia a desacreditar la acción propositiva del gobierno actual, ligándole a la violencia, a la desestabilización nacional y hoy, al fracaso de un devastado modelo económico. La tendencia a distorsionar la realidad obedece a una estrategia política del poder económico, elaborada por los costosos equipos de mercadotecnia política de ARENA, en asociación con los llamados “expertos” en guerra sucia, intoxicadores, rumorólogos (sic!) y toda suerte de “plumas fáciles” que se ofrecen al mejor postor. Los grandes medios de comunicación de la oligarquía, utilizan para esto la información desfigurada, la falsa información o la información con una clara tendencia conspirativa.

En este contexto, es oportuna y apropiada la lectura de “La ironía de la Libertad de Expresión”, revelador libro escrito por Owen Fiss, uno de los más importantes y reconocidos especialistas en la “Primera Enmienda” de los Estados Unidos. (Lima: 2010)

Fiss introduce el concepto de “efecto silenciador” cuando discute que, al contrario de lo que pregonan la gran prensa capitalista, el Estado no es un enemigo natural de la libertad. El Estado puede ser una fuente de libertad, por ejemplo, cuando promueve “la robustez del debate público en circunstancias en las que los poderes fuera del Estado están inhibiendo el discurso. Puede tener que asignar recursos públicos - distribuir megáfonos, conceder frecuencias de radio, TV – para aquellos cuyas voces no serían escuchadas en la plaza pública de otra manera. Puede incluso tener que silenciar las voces de algunos para que se oigan las voces de los otros. Algunas veces no hay otra forma” (Lima, V.: 2010)

Fiss usa como ejemplo los discursos de incitación al odio, los discursos de miedo, la pornografía y los gastos ilimitados en las campañas electorales. Las víctimas del odio tienen su autoestima destrozada; la mayoría de las personas viven con temor, las mujeres se transforman en objetos sexuales y los “menos poderosos” quedan en desventaja en la arena política.

En todos esos casos, “el efecto silenciador viene del propio discurso”, esto es, “la representación que amenaza el discurso no es el Estado. Corresponde, por tanto, al Estado promover y garantizar el debate abierto e integral y asegurar que el público oiga a todos los que debería oír, o más aún, garantice la democracia exigiendo “que el discurso de los poderosos no entierre o comprometa el discurso de los no poderosos”. (Fiss: 2005)

Específicamente en el caso de la libertad de expresión, existen situaciones en las que la “medicina” liberal clásica de más discursos, al contrario que la regulación del Estado, simplemente no funciona. Los que supuestamente podrían responder al discurso dominante no tienen acceso a las formas de hacerlo.

La campaña de mentira e intoxicación propagandística que mantienen los grandes medios contra el gobierno del FMLN, consiste en presentar un panorama ficticio de la realidad social, económica y política, pretendiendo efectos sicológicos y no materiales. Así, para lograr votos se presenta una realidad engañosa, propagandizando hechos deformados y culpando a la izquierda de una “caótica” situación económica y social.

La libertad de expresión tiene como fin asegurar un debate público democrático en donde todas las voces sean oídas. Al usar como estrategia de oposición política la repetición de la amenaza constante de volver a la censura y de que corre riesgo la libertad de expresión, los grandes grupos de los medios transforman la libertad de expresión en un fin en sí mismo.

Como verdaderos agentes del libre mercado, los grandes medios están creando valores y normas que aumentan y alimentan falsas expectativas de un modo irreal especialmente en los pobres y marginados, contribuyendo a la frustración de millones y por consiguiente a la agresión y a la violencia que pueden derivarse de ello. Desigualdad, marginación y frustración, son elementos constitutivos de la violencia.

Cuando los medios condenan la violencia, lo hacen selectivamente. No se condenan todas las formas de violencia ni todas las conductas violentas. Los grandes medios adoptan un enfoque negativo y punitivo frente a otros problemas sociales y a todas las formas de protesta social. Son partidarios de la pena de muerte, de los castigos corporales, del disciplinamiento social y las “manos súper duras”. En general, expresan su ideología fascista; se oponen a un derecho penal civilizado, evidencian opiniones racistas y se muestran contrarios a una sociedad de iguales.

La situación actual, reforzada por la gran empresa de medios de comunicación, se caracteriza por un extraño hiato: se exige la “calidad” académica supeditada al mercado, se proclama la “organización racional” de las empresas y la “austeridad” del Estado, pero de lado del consumo, se explota la irracionalidad e irreflexión del “consumidor”.

La mentira y la propaganda negra de los medios, están al servicio de la destrucción de cualquiera que se oponga a su ideología ultra-conservadora. El problema moral de esta actitud es que una mentira es mucho menos tolerable cuando se le emplea para un fin peor.

Nos encontramos ante un nuevo reto, buscar el método para que los ciudadanos hagan valer su derecho a la información mediante un Estado al que debemos exigir que cumpla con su obligación de garantizarlo. A ese Estado los ciudadanos debemos darle poder y el Estado a los ciudadanos, darles control. Esa es la verdadera libertad de prensa en una democracia.