Oscar
A. Fernández O.
El
principio de autonomía universitaria ha sido muy discutido, y aunque
sus alcances se han precisado en las respectivas leyes orgánicas,
intereses políticos lo han tratado de desvirtuar, como en el caso de
quienes identifican autonomía con extraterritorialidad o peor, con
impunidad. Es compromiso permanente del Estado respetar
irrestrictamente la autonomía para que las instituciones de cultura
superior se organicen, administren y funcionen libremente, y sean
sustento de las libertades, jamás como fórmula para crear feudos
que implique un derecho territorial por encima de las facultades
primigenias del Estado.
La
autonomía fue ganada por la UES para que pudiese cumplir sus
funciones sin injerencias externas y ajenas, que le dificultarían el
cumplimiento de aquéllas conforme a los principios académicos y de
proyección social, para que la educación que se imparta se
encuentre libre de todo dogmatismo o ideología.
La
autonomía económica de la UES, consiste en la administración de su
patrimonio. Este es un aspecto de particular importancia. Las
universidades públicas no pueden cubrir sus necesidades con recursos
propios, lo que hace necesario que el Estado les otorgue un subsidio.
Recuérdese que las universidades cumplen funciones que al Estado
corresponden. Luego, el subsidio es una obligación de éste, no un
acto de gracia.
No
obstante, a través del subsidio el Estado podría, llegado el caso,
tratar de influir en las universidades, y es por ello que se ha
entendido que la autonomía, desde el punto de vista económico,
implica que son las propias universidades las que determinan en qué
materias y en qué proporción se gastarán los recursos. En
consecuencia, la autonomía económica tiene especial importancia a
pesar del otorgamiento de los subsidios. Con los enormes gastos que
una universidad pública realiza no es posible que los efectúe con
sus propios recursos; luego, autonomía no es sinónimo de
autosuficiencia económica.
Las
instituciones que reciben fondos provenientes del Estado, suelen
publicar sus estados contables y entregarlos al órgano de
fiscalización, como principio de transparencia y rendición de
cuentas. El manejo de sus recursos económicos no debe prestarse a
duda o suspicacia algunas. La universidad, en este aspecto, debe ser
una caja de cristal. Este no es, lamentablemente el caso de la
Universidad de El Salvador hoy en día, pues es prácticamente la
única institución pública, que no liquida su presupuesto en
tiempo, según el Ministerio de Hacienda.
En
medio de todo este ambiente poco claro de administración de las
autoridades actuales, en dónde algunos señalan evidentes indicios
de corrupción y otras desviaciones, se ha suscitado un
enfrentamiento dirigido contra el Gobierno y en parte contra la
Asamblea Legislativa, pues se dice que de manera malintencionada, se
está privando a la UES de su presupuesto y esto amenaza con una
supuesta “crisis” sin antecedentes.
Nada
más falso. Las autoridades centrales de la UES (Rectoría y CSU), se
han parapetado en un argumento baladí y perverso, pues dicen que se
les adeudan quince millones (por su parte, la Asamblea General
Universitaria, sostiene que son casi nueve millones de dólares y
otras voces allegadas al Rector sostienen que siete, lo cual es poco
serio) para poder terminar el año fiscal 2013, y debe reforzarse con
un tanto similar al presupuesto del 2014, al cual ya se le trazó un
techo de acuerdo a la situación financiera del Estado, que no está
en período de bonanza, sino más bien en déficit. El gobierno y la
fracción parlamentaria del FMLN, están tratando de conseguir una
cantidad que aunque menor, podría amortiguar el problema. Pero la
verdad, es que por más que se planteen cifras, estas no han podido
ser contrastadas con los informes financieros, porque los mismos
(cuando los hay) no representan la realidad y se contradicen. El
Ministerio de Hacienda plantea que la UES no finiquita su
presupuesto, aun cuando éste proviene del dinero público.
La
UES debe volver a ser la conciencia crítica del país, tierra de
emancipación en donde se examinan y conviven todos los pensamientos
científicos y políticos. Estos aspectos influyen en el sistema
político y en el propio Estado, sobretodo hoy que las políticas
progresistas y de izquierda, tratan de reconstruirlo después de la
debacle propiciada por la privatización desaforada, para convertirlo
en un Estado de iguales que deba repartir la riqueza producida por la
nación. Estas actitudes mezquinas y nebulosas en la forma de
administrar la UES, retardan y complican esta pretensión, por demás
histórica.
Las
relaciones entre la UES y esta nueva proyección Estado deben ser de
mutuo respeto (el Estado ya no es el enemigo de la UES, como lo ha
sido en el pasado reciente), cada quien debe actuar dentro del campo
de atribuciones que le corresponde. El país pierde cuando se
quiebran estas relaciones de respeto. La UES debe estar comprometida
con los problemas de la nación y deben auxiliar en su solución.
Las
universidades en el cumplimiento de sus funciones se encuentran con
las siguientes limitaciones: 1. Realizar sus funciones bien y no las
que no le corresponden; 2. Respetar el orden del Estado, salvo que
éste sea maneje de forma abusiva; 3. Actuar libre y
responsablemente, es decir, sin libertinaje ni anarquía, y 4. Los
recursos económicos de que disponga, deben ser suficientes para que
pueda cumplir adecuadamente con sus fines, a la vez que deben
utilizarse con pulcritud y transparencia, presentando al pueblo y a
la comunidad universitaria las cuentas claras.
